Una nueva ley primará el dominio del italiano y los títulos académicos. Se estima que la economía italiana requiere 300.000 inmigrantes al año. Quienes acrediten capacitación como enfermeros, cuidadores, técnicos y artistas también recibirán prioridad.

"Las leyes de inmigración muy severas favorecen la inmigración clandestina". El ministro del Interior italiano, Giuliano Amato, justificó ayer con ese razonamiento una reforma de la actual legislación, establecida por la anterior Administración de centroderecha. El Gobierno de Romano Prodi facilitará la inmigración y creará "vías rápidas" para la entrada en el país de trabajadores extranjeros que sean capaces de expresarse en lengua italiana, que posean títulos académicos o que demuestren capacidad para desempeñar la tarea de atender ancianos y niños.

Amato y el ministro de Solidaridad Social, Paolo Ferrero, presentaron ante el Consejo de Ministros un borrador que debería ser aprobado la semana próxima y enviado de inmediato al Parlamento. La oposición anunció de antemano que no aceptaba la reforma.

Los dos ministros consideraron fallida la ley promulgada por Silvio Berlusconi, que establecía unas condiciones muy duras para el ingreso de inmigrantes en Italia. "La reforma se ha hecho necesaria porque con los actuales mecanismos se favorece una llegada desproporcionada de clandestinos y, en cambio, se penaliza a los regulares", explicó Amato. "De los tres millones de inmigrantes que viven hoy en Italia, el 80% llegó como clandestino", indicó a su vez Ferrero.

La nueva ley creará "listas de colocación" en las embajadas italianas de todo el mundo. Quienes acrediten capacitación profesional como enfermeros, niñeros, cuidadores de ancianos, administradores, técnicos especializados y artistas recibirán prioridad. También obtendrán trato preferencial quienes demuestren un cierto conocimiento del idioma. Esas "listas de colocación" serán confrontadas con las peticiones de trabajadores que presenten las comunidades regionales o locales, las organizaciones empresariales y sindicales, las empresas y los ciudadanos privados. Se estima que la economía italiana requiere, al ritmo de crecimiento actual, unos 300.000 inmigrantes al año.

Los inmigrantes regulares que pierdan su empleo dispondrán de todos los derechos durante un año. A partir del año sin empleo, o antes si el interesado lo decide así, el inmigrante desempleado podrá acogerse a un programa de repatriación voluntaria. Los gastos del viaje al país de origen serán subvencionados, si la persona en cuestión carece de medios, por un fondo en el que participarán el Estado y las organizaciones empresariales. Quienes vuelvan por esa vía a su país tendrán prioridad para regresar a Italia en cuanto se plantee una nueva oportunidad de trabajo.

También serán abolidos los llamados "centros de identificación", en los que ahora son internados los inmigrantes clandestinos, muy especialmente los llegados por vía marítima. Tres de esos centros, los de Crotone, Ragusa y Brindisi, se cerrarán de inmediato por sus condiciones insalubres. Los nuevos centros acogerán a quienes faciliten su identificación y cooperen con las autoridades, y serán abiertos: se podrá salir durante el día. Asimismo, la prensa será autorizada a acceder al interno, algo hoy prohibido. Quienes sean destinados a la expulsión por delinquir o falsear su identidad, la decisión corresponderá a un juez, serán internados en una nueva red de centros, de carácter más carcelario, donde en cualquier caso no deberán estar más de 60 días.

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