Cada empleado público catalán se ocupa de 25,6 ciudadanos, frente a una media española de 17,7. La atención médica y la educación pública de la comunidad también resultan de las peor paradas.

Los catalanes son los españoles que cuentan proporcionalmente con menos funcionarios para prestarles los servicios públicos. Se puede argumentar que la cantidad no implica la calidad en la atención, pero parece lógico pensar que en este campo sí existe una relación directa. Y lo cierto es que los empleados públicos de la comunidad suponen el 3,9% de su población, o lo que es lo mismo, que cada funcionario se tiene que ocupar de 25,6 ciudadanos.

La comparación con la media española pone en evidencia la falta de recursos humanos que padece el sector público catalán. Los funcionarios tienen que prestar servicio a un promedio de 17,7 españoles. La situación es aún más negativa si se compara con las autonomías donde la plantilla pública está mejor dotada. Son Extremadura (11,8 ciudadanos por funcionario), Castilla y León (14,8) y Madrid (15). En el extremo opuesto, los que salen peor parados junto a los catalanes son los valencianos (22,4) y los baleares (20,5). El caso de la capital del Estado es particular, ya que es la sede de todo el aparato del Gobierno y de la inmensa mayoría de organismos autónomos y empresas públicas.

Así, Madrid es la comunidad con más funcionarios estatales (a cada uno le corresponden 37,9 ciudadanos), por delante de Aragón (54,6) y Castilla y León (64,2). Catalunya es, también en este campo, la más perjudicada (237,4), y, junto al País Vasco (147,3) y la Comunidad Valenciana (178), está mucho peor que la media española (82).

SALUD Y EDUCACIÓN

Cabría suponer que el distinto nivel de competencias transferidas explica el menor peso de los empleados estatales, pero no es así. Catalunya es también la región con menos funcionarios autonómicos en relación con su población (cada uno atiende a 46,3 personas), por delante de Baleares (43) y la Comunidad Valenciana (40,5). Todo lo contrario de lo que sucede con extremeños (23,5), navarros (28,6) y castellano-manchegos (29,3), que mejoran con mucho la media (35,4). Este es el dato más preocupante, ya que las autonomías son responsables de los dos ámbitos que más incidencia tienen en la vida de los ciudadanos: la salud y la educación. Si bien es cierto que estas dos actividades cuentan en Catalunya con más servicios concertados que en otras regiones, la comunidad es la segunda donde al personal docente público le corresponde más ciudadanos (105) y la peor parada en cuanto al personal sanitario público (213).

UNIVERSIDAD

En la educación primaria y secundaria, los más beneficiados son los extremeños (64,8), murcianos (67,2) y castellano-manchegos (73,8), sobre una media de 87,8. Solo los madrileños (112) están peor que los catalanes. En sanidad, las mejor paradas resultan Extremadura (71,4), Cantabria (75,5) y Navarra (77), todo lo contrario que Baleares (118) y Canarias (106).

En enseñanza universitaria, cuyas plantillas dependen del Estado, los catalanes tampoco están mejor atendidos: 1.096 personas por empleado público, un registro que solo es peor en Baleares (1.127) y La Rioja (1.169). Las que reciben mejor servicio son Madrid (221), Castilla y León (281) y Cantabria (326). En este campo las diferencias son muy pronunciadas, ya que la media española es de 470 ciudadanos por funcionario.

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