El parón de jueces y secretarios judiciales provoca la paralización casi completa de los juzgados en España. Esto puede suponer el inicio de una batalla frontal contra el Gobierno que podría desembocar en un conflicto sin precedentes en la justicia.

Lo que parecía en principio un simple plante corporativo de secretarios amenaza con convertirse en una guerra entre poderes en toda regla. Los jueces y los secretarios judiciales iniciaron ayer una batalla frontal contra el Gobierno que podría desembocar en un conflicto sin precedentes en la justicia española. El efecto combinado de la huelga de unos y del paro encubierto de los otros (a través de las juntas de jueces convocadas para el mismo día) provocaron ayer la paralización casi completa de los juzgados en toda España, con las sanciones por el caso Mari Luz como telón de fondo. Aunque lo peor está por venir, si se cumplen las amenazas de nuevos paros de los secretarios (preparan otro para noviembre) y de una posible huelga de jueces, de dudosa legalidad, auspiciada por los magistrados catalanes.

Las asociaciones de secretarios recibieron una gran inyección de autoestima tras conseguir que el paro de tres horas (de 10.00 a 13.00) fuese secundado por un 90% del colectivo, según sus cálculos. Estos no debieron de separarse mucho de la realidad, porque el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, reconoció que la huelga había tenido "un seguimiento intenso" (lo cifró en el 73%) y una "incidencia notable" en el servicio. Ello se tradujo en la suspensión de miles de juicios y actos procesales que tuvieron que ser aplazados, algunos de ellos hasta dentro de un mes. El seguimiento fue irregular, ya que en Catalunya hubo un apoyo del 64% mientras que en Navarra se alcanzó el récord del 98%.

JUNTAS SIBILINAS

Pero más allá de estos porcentajes, los secretarios contaron con la ayuda inestimable de los jueces para lograr sus objetivos. Los decanos desoyeron las advertencias que les hizo el día anterior el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, para que convocaran las asambleas en horas que no perjudicaran la actividad judicial. Con gran habilidad, las situaron coincidiendo con el paro de los secretarios o inmediatamente después, lo que contribuyó a agravar el caos. En el caso de Valencia, según precisó Pérez, hubo dos juzgados que no pudieron funcionar a pesar de que sus secretarios no secundaron la huelga, ya que los jueces estaban en la junta. En cambio en Madrid, los juzgados de lo contencioso empalmaron el paro de unos con la asamblea de los otros. Esta circunstancia vino a dejar en evidencia el argumento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para anular el día anterior los servicios mínimos, que alcanzaban el 30%. "No ha funcionado eso que dijo el tribunal de que el paro no perjudicaría el servicio porque la actividad se iba a reanudar a las tres horas", sentenció Pérez.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se mostró muy duro con los jueces, a quienes acusó de realizar "una huelga encubierta" para evitar que Rafael Tirado vea aumentado su castigo de 1.500 euros de multa por no ejecutar una sentencia de cárcel contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. Bermejo negó que haya habido "injerencias" del Gobierno (el Tribunal Supremo las calificó ayer de "intolerables" en un comunicado) y que la culpa de todo la tenga la falta de medios en los juzgados, como sostienen jueces y secretarios. "Si alguien pretende ser intocable, no lo va a conseguir. Cuando se incurre en una negligencia tan grave funcionan los mecanismos y se sanciona", dijo. También defendió la sanción de dos años de suspensión impuesta por su departamento a la secretaria de Tirado, auténtico detonante de la huelga de tres horas que Bermejo calificó de "movimiento corporativo".

La junta de jueces de Barcelona, a la que asistieron el 80% de los magistrados, dejó abierta la posibilidad de recurrir a la huelga si en el plazo de tres meses no se atienden las peticiones de mayores medios para los juzgados. Esta iniciativa fue secundada por las juntas de Martorell, Arenys de Mar, Terrassa, Tortosa y Valls.

ALEGALIDAD

El juez decano de Barcelona, José Manuel Regadera, aseguró que la ley "no excluye expresamente a los jueces del derecho de huelga", por lo que al ser una "cuestión alegal" podrían hacerla.

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