Cerca de cuatro millones de trabajadores ya se han acogido a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), según el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El dato supone que los paros temporales afectan ya al 25,6% de los afiliados al régimen general de la seguridad social y a los regímenes especiales agrario y de empleados del hogar en marzo.

Además, 1,12 millones de autónomos, un tercio del total, han solicitado ya la ayuda por cese de actividad. Teniendo en cuenta los 3,7 millones de parados registrados hasta el 20 de abril según el Servicio Público de Empleo Estatal, cerca de 9 millones de personas estarían en lo que situación económica de paro: un 40% de la población activa de diciembre, que ascendía a 23 millones.

La estimación es conservadora, ya que la cifra se incrementa a diario y fuentes sindicales advierten que ya se ha superado la barrera de los cuatro millones de afectados por un ERTE que cifra el Gobierno.

La información recopilada hasta la tercera semana de abril por las comunidades autónomas registra un dato inferior de empleados afectados por un ERTE, de 3.236.826, ya que no tiene en cuenta al los trabajadores de aquellas empresas que tienen centros en más de una autonomía y que registra la Dirección General de Trabajo.

La situación afecta a todo el territorio, aunque no de la misma forma. Con la información de las autonomías, sin contar con en torno a 800.000 empleados de empresas con sede en distintas comunidades, Canarias se sitúa a la cabeza de proporción de trabajadores incluidos en un ERTE en relación a la media de afiliados del último mes: un 30%. Le siguen Galicia y Castilla y León, con un 27% y un 24% de empleados damnificados, respectivamente.

Hasta el momento, teniendo en cuenta que la situación varía a diario, Extremadura, Murcia y Asturias registran tasas más bajas, de en torno al 10% de involucrados en ERTEs entre el total de afiliados. Estos porcentajes serían más elevados si se contara con la distribución geográfica de la cifra total de afectados, incluyendo los que recopila la Dirección General de Trabajo. Para calcular estas tasas no se tienen en cuenta a los autónomos ya que únicamente pueden solicitar un ERTE aquellos con empleados a su cargo.

País Vasco, Cataluña y Castilla La Mancha ofrecen información del número de damnificados por sector de actividad según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Teniendo en cuenta las cifras de afiliación media de cada rama, los ERTE afectan al 75,9% de las personas dadas de alta en hostelería en el País Vasco y a un 69% y un 50% del mismo sector en Cataluña y Castilla-La Mancha, respectivamente.

Los hoteles, bares y restaurantes son de los establecimientos más azotados por la crisis del Covid-19. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística evidencian ya las consecuencias del aislamiento para el sector. En marzo, con una primera quincena sin restricciones, el número de pernotaciones en hoteles ha caído un 61% respecto al mismo mes del año pasado.

Los ERTEs concedidos están vinculados al Estado de Alarma. Nadie duda de que han sido el colchón que ha absorbido el primer impacto de las medidas contra el virus. «Sin ese mecanismo se habrían destruido al menos seis millones de empleos, los ERTE son una inversión que ahorra esos daños», explica Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas de CCOO. Su futuro desarrollo está ahora en cuestión.

Acogerse a sus beneficios exige la reincorporación del 100% de la plantilla en seis meses. «Es inasumible totalmente», considera el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, en la medida en que el sector continuará viéndose afectado una vez finalice el confinamiento. «Tal es el colapso de las tramitaciones de estos procedimientos que los trabajadores todavía no han cobrado la segunda quincena de marzo, muchos de ellos con una situación muy complicada», añade para argumentar la petición del sector de un aplazamiento que no implique tener que volver a iniciar ERTEs una vez finalice el Estado de Alarma al que están sujetos en este momento.

La tasa de afección de los paros temporales entre los afiliados de actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento es también de las más elevadas: un 61,7% en Cataluña, un 38,7% en País Vasco y un 34,5% en Castilla-La Mancha.

Otros sectores como la construcción, la industria manufacturera, el comercio y las actividades inmobiliarias presentan también altos porcentajes de incidencia en estos territorios.

Algunas comunidades aportan información sobre cómo se distribuyen los Ertes en cada sector sin tener en cuenta la incidencia en función de los afiliados. En Madrid, casi dos de cada diez procesos ha sido en la hostelería. Le siguen el comercio al por menor (11%), los servicios personales -peluquerías, tintorerías y centros de estética- (7,5%), el transporte (6%) y actividades sanitarias como la odontología, la fisioterapia y las clínicas de distintas especialidades (5%), informó Marta Belver. En Murcia y Canarias tres de cada diez ERTEs han sido de empresas hosteleras.

Según el análisis de las fechas en las que se produjeron las solicitudes de ERTE en los territorios que facilitan esos datos, Madrid, País Vasco y Canarias, la mayoría tuvieron lugar en los primeros días desde la aplicación del Estado de Alarma y hasta finales del mes de marzo mientras que en abril el flujo de solicitudes se ha ralentizado.

En los meses de marzo y abril de 2018 un total de 11.393 trabajadores se vieron afectados por un procedimiento de despido colectivo, suspensión de contrato o reducción de jornada cuya forma más habitual hasta la fecha es un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), sin caracter temporal.

Un año después, la cifra para esos dos meses ascendió a 22.931 personas afectadas debido incrementos de estos procesos en la mayoría de los territorios, especialmente en Cantabria, Castilla y León y Canarias, según la estadística de regulación de empleo que elabora el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Para conocer los datos definitivos de marzo habrá que esperar a mayo, explican desde el Ministerio. La información disponible recopilada hasta la fecha permite saber que los cerca de cuatro millones de damnificados desde la mitad de marzo y hasta casi la última semana de abril son 170 veces más que los afectados por regulaciones laborales del año anterior sumando marzo y abril completos.

 

 

 

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