Es habitual que los empleados no quieran salir a la luz si han denunciado internamente un delito en su organización para evitar posibles represalias. Es por eso que el whistleblowing ha sido incluido recientemente en una directiva del Parlamento Europeo y que el Tribunal Supremo destaca su importancia en el caso de condenas por estafa. 

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida el uso de las denuncias anónimas para iniciar investigaciones sobre posibles delitos cometidos en el seno de las empresas. El tribunal destaca "la importancia" de este tipo de denuncias, en especial en los casos como el analizado en los que la empresa no tenía un programa de cumplimiento normativo interno. Los magistrados recuerdan que el canal de denuncias interno, también denominado whistleblowing, ha sido incluido en una reciente directiva del Parlamento Europeo que protege a las personas que informan sobre infracciones del derecho de la Unión Europea.

En el caso estudiado la Audiencia de Zaragoza dio por probado tres trabajadores de una planta de ArcelorMittal -hoy bajo otra denominación- dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector de chatarrería. Cuando la carga llegaba a la empresa aplicaban un descuento por la presencia de estériles muy inferior al real, de manera que su propia empresa pagaba por chatarra convertible lo que eran estériles inservibles para la transformación. Ello ocasionó un fraude tasado de 456.000 euros por parte de un proveedor y de 340.000 por parte de otro.

En 2012 la empresa tuvo noticia de lo que estaba pasando por un escrito recibido en el departamento de Recursos Humanos, que fue puesto en conocimiento de la Policía: "Buenas. En primer lugar quiero que entiendan porque me mantengo en el anonimato para no tener represalias hacia mi persona después de lo que voy a exponer. Quiero darle a conocer un posible fraude que se está produciendo en el parque de chatarra entre clasificadores y chatarreros en especial a Javier Beltrán, beneficiando a varios chatarreros en las clasificaciones de chatarra, cambiando categorías de calidades o poniendo mucho menos residuo del que lleva. Esto se hace a varias horas pero en general cuando este señor va de turno de mañana y el viaje o viajes se recepcionan de 6:00 h a 7:00 h de la mañana. A cambio de esas clasificaciones este señor se beneficia económicamente con importantes cantidades de dinero. Aquí le dejo constancia, y ahora esa en sus manos. Atentamente".

El anónimo concluyó con una sentencia de la Audiencia de Zaragoza condenando a dos años de prisión a cinco acusados por un delito de estafa, y a nueve meses a un cómplice. La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, rechaza los recursos de los condenados y destaca y valida el uso de las "denuncias anónimas" para la detección de ilegalidades
"Sobre esta necesidad de implantar estos canales de denuncia -y que se vio en este caso con una alta eficacia al constituir el arranque de la investigación como notitia criminis- la Directiva se justifica en la constatación de que los informantes, o denunciantes son el cauce más importante para descubrir delitos de fraude cometidos en el seno de organizaciones", dice la sentencia. "Y la principal razón por la que personas que tienen conocimiento de prácticas delictivas en su empresa, o entidad pública, no proceden a denunciar es fundamentalmente porque no se sienten suficientemente protegidos contra posibles represalias provenientes del ente cuyas infracciones denuncia", añade.

"En definitiva, se busca reforzar la protección del whistleblower y con ello incrementar su actuación en el descubrimiento de prácticas ilícitas o delictivas [...] Debe destacarse, en consecuencia, que la implantación de este canal de denuncias forma parte integrante de las necesidades a las que antes hemos hecho referencia del programa de cumplimiento normativo, ya que con el canal de denuncias quien pretenda, o planee, llevar a cabo irregularidades conocerá que desde su entorno más directo puede producirse una denuncia anónima que determinará la apertura de una investigación que cercene de inmediato la misma".
Entre las alegaciones de los condenados al Supremo estaba que no era creíble que un mero separador de chatarras pudiera engañar a una macroempresa como ArcelorMittal y que el problema fue que la empresa no empleó las múltiples vías que tenía para impedir lo sucedido. "No hubo engaño sino falta de control por parte de ArcelorMittal", decía uno de los recursos. El Supremo responde con un aforismo que ya ha empleado en otras sentencias: "Un robo sigue siendo un robo aunque la víctima se haya comportado despreocupadamente con sus cosas".

"Cierto y verdad es, sin embargo", prosigue la sentencia, "que hemos señalado en otras ocasiones el problema que puede existir en el sector empresarial la ausencia de medidas o mecanismos de control [...] Hemos reseñado que es básico en la empresa la existencia del debido control interno en éstas, mediante la técnica anglosajona del compliance como conjunto de normas de carácter interno, establecidas en la empresa a iniciativa del órgano de administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos".

 

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