José Luis Zimmermann, director de la Asociación Española de la Economía Digital; Sacha Michaud, cofundador de Glovo; Jordi Serrano, coordinador de Future for Work Institute y Gonzalo Torres, country manager de Malt en España. Todos ellos han participado en un encuentro para la reflexión organizado por la Vanguardia, con la colaboración de Glovo, bajo el título Presente y futuro de la economía digital.

“El tema del reparto es la punta del iceberg”. Con esta frase, el director de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), José Luis Zimmermann, advierte de que el debate sobre el modelo laboral y de seguridad de los riders –repartidores a domicilio que se desplazan en bicicleta o moto–, cada vez más presentes en las grandes ciudades, es “uno de los múltiples desafíos que nos plantea la digitalización”.

José Luis Zimmermann ha participado esta semana en los Encuentros en La Vanguardia, con la colaboración de Glovo, bajo el lema Presente y futuro de la economía digital. Los retos a los que dar respuesta, junto al cofundador de esta plataforma de envíos gestionados a través de su aplicación móvil, Sacha Michaud; el fundador y coordinador de Future for Work Institute, Jordi Serrano; y el country manager de Malt en España, Gonzalo Torres.

La complejidad que presenta el panorama empresarial tras la irrupción de internet y las tecnologías que han dado paso al desarrollo de la nueva economía se pone de manifiesto desde el momento en que se define el concepto. “La economía digital no es un sector, sino un elemento de transformación que está cambiando los modos en que la sociedad se relaciona”, aclara Zimmermann. El director de la asociación que agrupa a las empresas que desarrollan negocios basados en internet, el medio digital y las nuevas tecnologías se lamenta de que exista “un desconocimiento enorme sobre cómo funciona la economía digital”. Esto provoca, en su opinión, que gran parte de este cambio se vea como “la mayor expresión del demonio capitalista”.

El cofundador de Glovo, Sacha Michaud, reconoce que “la tecnología implica un cambio de sociedad ante el que hay gente que no ve las cosas positivas que hay”. Entre ellas, él destaca la transparencia, en el sentido de que “cada vez hay menos economía sumergida por la trazabilidad” que registran las plataformas digitales. El fundador de Future for Work Institute, Jordi Serrano añade, como ventaja adicional, que la digitalización implica la “disminución de los costes de transacción”, lo que facilita los intercambios comerciales.

Otro elemento para tenerlo en consideración, según el directivo de Malt Gonzalo Torres, es que la tecnología permite solucionar los “desajustes laborales”, facilitando “la captación de talento” que necesitan las empresas, al ponerles en contacto con profesionales que quieren trabajar para ellos.

Este ámbito del trabajo, no obstante, es el que presenta más claroscuros, según los expertos. “La realidad no la creamos las empresas tecnológicas. Estamos viendo nuevas formas de hacer las cosas en todos lo campos”, aclara el cofundador de Glovo, start-up fundada en Barcelona, que actualmente está presente en más de 200 ciudades de 26 países y cuenta con 30.000 repartidores, 7.500 de ellos en el mercado español.

De la misma manera que otras plataformas digitales con las que compite en España, Glovo afronta diversos procesos judiciales, con sentencias dispares. En algunas de estas resoluciones se valida su modelo de negocio y, sin embargo, en otras se considera a los repartidores de la plataforma como falsos autónomos.

El directivo de la start-up aduce que la cuestión de fondo está en que “en el sur de Europa hemos peleado durante años para tener unos derechos sociales y hay una creencia generalizada de que con la digitalización se pueden perder”.

A pesar de ello, Sacha Michaud señala que “en algunos países se está afrontando el tema como una oportunidad” y advierte de que “España no puede quedarse a la cola de Europa”. Cita, como ejemplo reciente, el caso de Italia, donde “se ha creado una mesa de diálogo social” y este verano se ha aprobado un decreto ley para regular la relación entre profesionales y plataformas digitales. Esta nueva normativa “mantiene la flexibilidad y amplía los derechos sociales”, según el fundador de Glovo. En concreto, la nueva regulación italiana aumenta la protección y las garantías de los riders en caso de accidentes y enfermedades laborales, y les asegura un salario mínimo por hora.

Otro país pionero en flexibilizar la normativa, añade el fundador de Glovo, es Francia, donde hace una década se adaptó la legislación laboral a los entornos digitales, con la creación de la figura del auto-empreneur (autoemprendedor). El country manager de Malt, Gonzalo Torres, resalta que Francia “es una de las naciones que ofrece una mayor protección a los trabajadores” y algunos de los profesionales más solicitados del país “están decidiendo ser freelancers” en lugar de asalariados.

En la misma línea, el fundador de Future for Work Institute, Jordi Serrano, considera posible encontrar “un punto medio con el propósito de aprovechar las oportunidades que genera la economía digital y mantener todo lo que se ha conseguido hasta ahora” en cuanto a derechos sociales de los profesionales. El futuro del trabajo, según Jordi Serrano, “está en la agenda de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”. La precariedad, junto a la digitalización y la globalización, es una de las grandes incógnitas del empleo a escala internacional, según la OCDE, que llama a la cooperación entre gobierno, empresas y trabajadores para atajarla.

.El problema de la precariedad laboral, especialmente acuciante en el mercado español, que tiene la mayor tasa de temporalidad de Europa, según el director de Future for Work Institute, Jordi Serrano, “no lo han generado las plataformas digitales”. Para solucionarlo, él piensa que no se debe optar por una “visión tradicional”, que busque sólo el “contrato estable para toda la vida”.

El country manager en España de Malt, firma que conecta las empresas con profesionales freelancers del sector digital y tecnológico, como programadores o expertos en diseño gráfico o marketing digital, coincide en la idea de que “las plataformas digitales no provocan la precariedad”. Para Gonzalo Torres, estas se limitan a facilitar que “el balance entre oferta y demanda sea más ágil”. En paralelo, el directivo de la plataforma de profesionales freelancers resalta que existe un “desajuste, tanto laboral como sistémico” en el mercado de trabajo, que es necesario abordar, desde la perspectiva de la protección social y la formación, teniendo en cuenta que “la tecnología cambia cada año y que a las personas les cuesta adaptarse a estas transformaciones tan rápidamente”.

Desde Adigital, José Luís Zimmermann, juzga necesario “trabajar para mejorar la seguridad de las personas, independientemente de su relación contractual”.

Para garantizar un empleo digno para todos, puntualiza Serrano, “la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha instado a establecer una garantía laboral universal”, con el objetivo de asegurar que todos los trabajadores, independientemente de su modelo de relación laboral, disfruten de los mismos derechos fundamentales. En esta misma línea, y con la pretensión de regular el caso concreto de los profesionales que desarrollan su actividad en plataformas digitales en España, Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital, pide “abrir un debate”.

Como “punto de partida y para ser propositivos”, esta entidad, que agrupa a más de 500 empresas digitales, ha planteado una reforma de la ley del Trabajo Autónomo, que adapte la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (por sus siglas, trade ) a la “realidad digital”, dotando así a estos autónomos de mayores coberturas y protección.

La figura del trade, según el director de Adigital, está “infrautilizada”. Para demostrarlo, Zimmermann aporta un dato: de los 3,2 millones de autónomos que hay en España, tan solo 9.000 pertenecen a esta categoría. El motivo, según él, es la exigencia de que al menos el 75% de sus ingresos provengan de un único pagador, lo cual, desde su punto de vista, es “excesivamente restrictivo”, por lo que debería modificarse para dar respuesta a la pluriactividad en la que se encuentran muchos de estos profesionales que operan a través de plataformas digitales. El fundador de Glovo, Sacha Michaud, agrega que, “aunque el trade no se creó para Internet”, su adaptación puede ser más ágil que la “vía de la reforma laboral”. Su objetivo, revela, es salir cuanto antes de la situación de “inseguridad jurídica” en la que se encuentran plataformas como la suya.

A pesar del dinamismo del ecosistema digital de Barcelona, sede del Mobile World Congress, hub europeo de referencia en cuanto a volumen de stat-ups y polo de atracción de talento y actividad de compañías tecnológicas internacionales, Sacha Michaud considera que España proyecta una imagen exterior de anti-tech, debido a su postura frente a conflictos como “los de Uber o la tasa Google”.

El fundador de la plataforma digital Glovo constata que, en España, “existe un ecosistema, aunque muy pocos se convierten en grandes”. El director de Adigital, José Luis Zimmermann, asiente, aunque considera que la situación afecta a toda Europa que, según él, por ejemplo, “no tiene grandes unicornios –empresas emergentes valoradas en más de 1.000 millones de dólares–”, y añade que las start-ups europeas nacen “casi para ser compradas”, ante la falta de un “mercado único digital europeo”. A diferencia de países como Estados Unidos o China, “los mercados europeos son pequeños y en cada país existen regulaciones distintas”, prosigue Michaud.

Por todo ello, los expertos participantes en los Encuentros en La Vanguardia para debatir sobre el presente y futuro de la economía digital coinciden en la necesidad de abordar un análisis en profundidad para abrir espacios de diálogo en los que los agentes implicados encuentren el equilibrio entre el crecimiento del ecosistema y la protección de las personas que prestan servicios profesionales a través de plataformas tecnológicas. Añaden, por último, que piden al Gobierno que les incluya en ese debate “como los agentes expertos en el área que son”, señala Michaud.

 

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