La película Campeones pone el foco sobre un colectivo invisibilizado y contribuye a que la sociedad en general sepa lo que son capaces de hacer las personas con discapacidad. Sin embargo, eso no se traduce en el ámbito del empleo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), únicamente el 19,5% de las 188.000 personas con discapacidad intelectual de entre 16 y 64 años tiene empleo en España.

A Jesús Molina le gustaría ser barrendero. Aunque su verdadero sueño es ser reponedor, igual que su padre y su hermano. Lo cuenta con una sonrisa de oreja a oreja y encogiéndose de hombros. Baja la cabeza, tímido, como si viera muy lejos su meta. “Nunca digas nunca”, le susurra Raquel Escorial. Ambos tienen discapacidad intelectual. “Hay que ser positivo”, prosigue ella, que fue reponedora durante 10 años, así que podría darle unos cuantos consejos. Llegaba siempre antes de su hora. Anotaba en una libreta las instrucciones. “Si tenía dudas, preguntaba”, explica.

Desde hace año y medio, ambos están contratados por la asociación Plena Inclusión en el marco de un programa del Ayuntamiento de Madrid para personas vulnerables. Saben que tienen suerte por formar parte de un reducido grupo, el de quienes tienen discapacidad intelectual y cuentan con empleo. Son apenas el 19,5% de las 188.800 personas de entre 16 y 64 años que forman el colectivo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). “Podemos trabajar, aunque a veces necesitemos un apoyo”, reivindica Bryan Jesús Novoa, compañero de Jesús y de Raquel.

Los tres viven en casa con sus familiares. Cada mañana cruzan Madrid en transporte público para estar a las diez de la mañana en la base de Arturo Soria. La tarea se alarga hasta las dos de la tarde. Media jornada, 627 euros. Últimamente están algo más solicitados. Nada ha variado en el trabajo. El cambio que notan es más bien social. La culpa es de Campeones, la película española más taquillera de 2018, protagonizada por un equipo de baloncesto cuyos miembros tienen discapacidad intelectual.

El discurso de Jesús Vidal al recoger el Goya al mejor actor revelación por su papel en el filme de Javier Fesser emocionó y removió conciencias. “Se me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad”, dijo el intérprete, que tiene discapacidad visual y dio vida a uno de los protagonistas de la película. Y puso al público en pie. Unos días después, Bryan, Raquel y Jesús añaden otro término a la lista. Oportunidad. Reclaman inclusión laboral. “Somos iguales que los demás y queremos trabajar”, afirma Raquel, de 42 años, con una discapacidad del 33%. “Pediría que no juzguen a la primera y hagan contratos”, añade Jesús, de 26 años, con una discapacidad del 72%.

Campeones posó las miradas sobre un colectivo invisibilizado. “Ha servido para que las personas que no tienen a nadie como nosotros en su familia sepan qué somos capaces de hacer”, señala Bryan, que tiene 25 años y una discapacidad del 78%. “Así concienciamos a la gente de que no se pueden meter con nosotros por ser como somos. A veces, cuando digo que soy discapacitado me dejan de hablar”, prosigue Jesús.

La realidad, cuando se apagan los focos de la alfombra roja, es que están discriminados en el acceso al empleo. Su tasa de actividad es del 31,2% (INE, 2017). La de paro, del 38% (Fundación ONCE, 2016) frente al 19,63% general ese año. “Trabajar les permite ser independientes, relacionarse. Tienen distintos ritmos, pero no significa que no se desarrollen”, apunta Natalia Gracia, preparadora laboral de Bryan, Raquel y Jesús. “Los ayudamos a pensar y a ser autónomos. Todos han mejorado una barbaridad desde que comenzó el programa y han ganado en autoestima”, indica.

“En nuestras sociedades están empezando a darse cuenta de la tremenda exclusión que han implantado durante mucho tiempo”, afirma Catalina Devandas, relatora especial de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU. “Cuando hablamos de inclusión laboral un primer requisito es tener una educación inclusiva de calidad, una tarea pendiente a revisar en España”, dice en alusión al duro informe presentado el año pasado por el comité especializado de la ONU, que concluye que el sistema educativo español segrega y excluye al colectivo. “El ambiente laboral nunca va a poder estar listo hasta que la sociedad empiece a familiarizarse con personas con discapacidad intelectual”, añade.

En España, 31.600 de las aproximadamente 36.800 personas con discapacidad intelectual con empleo trabajan en el sector servicios, frente a unos 5.200 en la agricultura, industria y construcción, según el INE. “Lo normal es que se incorporen al empleo por tres vías: en centros especiales de empleo, donde el 70% de la plantilla tiene discapacidad; integrados en una empresa ordinaria pero con ayuda de un servicio de integración laboral, y a través de oposiciones”, explica Enrique Galván, director de Plena Inclusión, movimiento asociativo que agrupa a 900 entidades.

En España, las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a emplear a un 2% de personas con discapacidad o contratar con un centro especial medidas alternativas. En las oposiciones se debe reservar al menos el 7% de las vacantes a este colectivo. “Hemos avanzado, pero lento”, apunta Galván, quien reclama una mejora en las ayudas. “En los centros especiales se bonifica el 100% de las cuotas a la seguridad social y el 50% del salario mínimo, pero pedimos que se amplíe al 65%”.

Los expertos consultados explican que los centros especiales están concebidos como un primer paso, una transición para el acceso al empleo ordinario. Pero no siempre ocurre. “Es importante que los centros sean abiertos, tiene que haber interacción con la comunidad, no pueden ser guetos”, apunta Bernabé Blanco, presidente de la Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS). “Pedimos una ley de inclusión laboral”, reclama Pepa Torres, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), “para avanzar en igualdad de oportunidades”.

Oportunidad. Es la palabra que emplean Bryan, Raquel y Jesús. La cita con ellos es a las once y media de la mañana en un colegio del distrito madrileño de Barajas. Allí están ellos, ante el jardín vertical que han ido a atender. En su equipo son 14 personas con discapacidad intelectual. Están acompañados por una preparadora laboral y una encargada de jardinería y participación comunitaria. Ambas los orientan cada mañana y los asesoran, pero son ellos quienes desarrollan y organizan el trabajo diario, que suele incluir interacción con los vecinos, por ejemplo a través de talleres o actividades, como enseñar a los niños a plantar árboles.

“Me cambió la vida de la noche a la mañana. Ahora tengo mi dinero y puedo pagar mis cosas”, dice Bryan. Llegó a España procedente de Perú a los 17 años. Ahora es del Atlético de Madrid. Con su primer sueldo se compró un polo del equipo, en el que juega en la liga Genuine Santander, donde compiten personas con discapacidad intelectual. “Tener trabajo da independencia, alegría y algo a lo que agarrarse cuando los padres falten”, dice Raquel. “Yo pediría que todos seamos iguales”. Que no se desaproveche el talento de nadie.


INCORPORACIÓN A LA ESCUELA ORDINARIA

En mayo de 2018, el comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU emitió un duro informe sobre el sistema educativo español, en el que se establece que se segrega y se excluye al colectivo. La Convención de Nueva York del 13 de diciembre de 2006, que España suscribió en 2007, exige la inclusión de los niños con discapacidad en las escuelas ordinarias. El Gobierno estudia introducir el traspaso de 35.000 alumnos con discapacidad a aulas ordinarias e incluir ese trasvase en la nueva Ley de Educación.

“La escuela debe ser un reflejo de la sociedad”, apunta Catalina Devandas, relatora especial de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU. En sus cuatro años en el cargo, aún no ha visitado España, por lo que evita hacer una valoración concreta.

Pero sí está al tanto de los avances en los últimos meses, como la aprobación en el Congreso de una reforma que permitirá votar a 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo; del anteproyecto del Gobierno para eliminar el término “disminuido” del artículo 49 de la Constitución, o el proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo para suprimir la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual.

Está previsto que el próximo marzo la ONU examine por segunda vez a España —la primera vez fue en 2011— por su aplicación del Convenio Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.

 

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