El Ministerio de Trabajo obligará a todos los estudiantes en prácticas de grados superiores o medios a cotizar por valor de 51 euros mensuales a partir del próximo curso. Los centros de formación y las empresas deberán negociar quién asume dicho importe, con el que la Seguridad Social espera ingresar 70 millones.

El Ministerio de Trabajo se ha propuesto que el término “becario” deje de asociarse a coste cero. Y para ello está trabajando en un reglamento sancionador que obligará a todos los estudiantes en prácticas de grados superiores o medios a cotizar por valor de 51 euros mensuales a partir del próximo curso, según afirman fuentes de Trabajo. La idea, que dichas fuentes defienden como una herramienta para “dignificar la primera aproximación de la gran mayoría de jóvenes al mundo laboral”, ha pillado de imprevisto y con mucha inquietud a los centros educativos.

Hasta ahora únicamente tenían la obligación de estar dados de alta en la Seguridad Social aquellos alumnos que realizaban prácticas extracurriculares y los que recibían remuneración en el caso de las curriculares. No obstante, la cuota de estos últimos la costeaba la propia Seguridad Social. A partir del próximo curso académico, el proyecto del Gobierno es que alrededor de 540.000 alumnos de toda España coticen, de lo que la Seguridad Social espera recaudar alrededor de 70 millones de euros.

Los centros de formación, que incluyen formación profesional pero entre los que las universidades tienen un mayor peso en términos de cantidad de alumnos, recibieron la noticia con “inquietud”, según reconocen fuentes consultadas de los órganos universitarios catalanes, y descontento, puesto que esta fue aprobada vía real decreto en el último consejo de Ministros del 2018 y publicada al día siguiente bajo el genérico título de “medidas urgentes”. El real decreto activa una cuenta atrás de tres meses en los que el Gobierno se emplaza a “dialogar” -fuentes de Trabajo se resisten a utilizar la palabra “negociar”- con los actores implicados para redactar el reglamento definitivo. De momento, con el texto que actualmente está aprobado, si es la empresa o el centro educativo quién debe asumir la cuota a la Seguridad Social es algo que deja a la negociación entre las partes.

A nivel estatal, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) reaccionó al real decreto ley que activó la medida con un comunicado en el que alertaba de que esta medida “puede acarrear serias dificultades tanto para los estudiantes, que vean mermada su oferta de prácticas, como para las universidades”. El contraargumento que sostienen desde Trabajo es que los alumnos ya pagan actualmente unos recursos suficientes, a través de los créditos de la asignatura de prácticas, para costear dicha cuota en caso de que sea la universidad quién acabe pagándola.

En Catalunya, las cuatro principales universidades del país –UB, UAB, UPC y UPF– registraron el pasado curso un total de 32.138 alumnos en prácticas, según datos facilitados por los propios centros. De todos ellos, el porcentaje que cotizó varia según el centro y, principalmente, la disciplina. En la UPC, por ejemplo, el 96% de las prácticas fueron remuneradas, debido que sus carreras se centran en las ingenierías u otras profesiones con una alta ocupabilidad a nivel de prácticas. En un término medio se encuentra la UPF, con un 68%, y en el otro extremo la UB y la UB, donde únicamente el 20% tuvieron una prestación económica asociada. Fuentes consultadas de ambos centros localizan las prácticas en las ramas sociales y en aquellas profesiones con empleabilidad eminentemente en lo público, como magisterio o sanidad. “El sector público no paga prácticamente nunca las prácticas curriculares, si finalmente vamos a tener que pagar cuota, uno de los principales afectados será el propio Estado”, reflexionan esas mismas fuentes.

Tímida recepción sindical

Los sindicatos han aplaudido tímidamente la medida y la han recibido como un primer paso. “Lo fundamental es que creará un censo de todos los becarios que hay en España”, afirma el responsable de jóvenes de CCOO, Carlos Gutiérrez. El dirigente sindical apunta hacia la actuación de Inspeccion de Trabajo y de las propias centrales para combatir aquellos casos en los que los becarios puedan estar desempeñando funciones más propias de un empleado.

Su homólogo de UGT, Eduardo Magaldi, exige un mayor esfuerzo a las empresas para que esos 51 euros no reduzcan la oferta formativa. “No se debe incorporar a un becario en función de la rentabilidad que de él pueda extraerse”, defiende. Ambos le piden más contundencia al Gobierno a la hora de exigir una tutorización real durante las prácticas curriculares y que elimine las extracurriculares, puesto que consideran que estas, en muchos casos, enmascaran relaciones laborales. Su alternativa es transformarlas en contratos laborales adaptados para jóvenes, con bonificaciones puntuales según el caso.

 

 

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