Actualmente, en Estados Unidos existen leyes antimonopolio para evitar consecuencias no deseadas de las fusiones empresariales para los consumidores, por ejemplo, por un aumento de precios de un determinado producto o servicio. Pero, según The Economist, parece que a las autoridades reguladoras hasta ahora se les había pasado por alto qué sucede con los trabajadores y con sus salarios durante dichos procesos de concentración empresarial.

Últimamente, grandes y poderosas corporaciones han empezado a fusionarse con gran fervor. Quizás sea por algo que hay en el aire o quizás por la mayor simpatía por parte de los reguladores. El pasado 22 de octubre, las autoridades norteamericanas antimonopolio dieron su visto bueno a la última megafusión de este 2018: la unión entre Praxair y Linde, dos gigantes industriales del sector gasístico cuyo valor conjunto asciende a los 90.000 millones de dólares. A pesar de las señales existentes de que la concentración industrial puede debilitar el dinamismo de la economía, los reguladores continúan siendo permisivos. Esto puede ser debido a que, cuando estudian una fusión, se centran únicamente en analizar el bienestar de los consumidores. No obstante, un creciente número de expertos sugiere que los agentes reguladores deberían analizar también el daño que se puede causar a los trabajadores.

En los mercados perfectamente competitivos, las firmas individuales que desean vender sus servicios o productos deben establecer el precio dominante en el mercado y no uno superior. Pero la situación cambia cuando una o unas pocas firmas dominan el mercado. Es decir, un monopolio puede conllevar una subida de precios. El pronóstico es que los consumidores, ante pocas opciones, comprarán a un precio elevado la suficiente cantidad de productos o servicios como para producir unos mayores beneficios. Sin embargo, por el camino algunas ventas se pierden a causa de los precios en un monopolio, lo que representa una ‘pérdida de eficiencia económica’ para la sociedad, es decir, una oportunidad perdida para aumentar el bienestar global. Los monopolios también pueden desactivar la innovación. AT&T, la otrora poderosa empresa estadounidense de telecomunicaciones, utilizó su posición dominante en la gestión de redes telefónicas locales para cobrar más a los consumidores por sus servicios y dispositivos. Fue necesario acabar con el monopolio en el sector de las telecomunicaciones para dar paso a una caída de precios y a la innovación.

Del mismo modo que las organizaciones más poderosas pueden usar su influencia para cobrar más a los clientes, también pueden manipular los mercados para pagar salarios más bajos. En un mercado laboral competitivo, un empleador individual poco puede hacer para rebajar los sueldos, ya que los empleados pueden encontrar fácilmente otros trabajos mejor pagados. Pero en un ‘monopsonio’ o monopolio de una empresa contratante, al igual que en un pueblo minero con una sola mina, los trabajadores tienen menos opciones, pues existe un solo empleador y poco empleo. Las compañías pueden ofrecer así salarios por debajo de la tasa competitiva del mercado, sabiendo que muchas personas no podrán permitirse el lujo de rechazarlos. Como sucede en los monopolios, el ejercicio de dicho poder monopsónico aumenta las ganancias, pero carga a la sociedad con otra pérdida de eficiencia económica -el subempleo de los trabajadores-, así como con otros costes, como un mayor gasto en las prestaciones públicas.

A la hora de juzgar el poder del mercado, los reguladores antimonopolio se centran principalmente en el perjuicio realizado sobre los consumidores, pero hay una evidencia cada vez mayor de que también existen daños para el mercado laboral. El porcentaje de la renta nacional de Estados Unidos destinada a los trabajadores ha disminuido desde la década de 1950 hasta hoy, de alrededor del 65% al 58%. El crecimiento de los salarios se ha quedado por detrás del crecimiento de la productividad. Parte de la culpa de dicho fenómeno muy probablemente reside en los responsables del poder del mercado. Un estudio reciente elaborado por José Azar, Ioana Marinescu y Marshall Steinbaum analiza 8.000 mercados laborales locales y considera que la mayoría de ellos están altamente concentrados. Un incremento en la concentración de empresas, desde un nivel más bajo (del percentil 25 en la distribución) a uno más alto (al percentil 75), se asocia a una caída de los salarios del 17%. También se han descubierto casos de complicidad por parte de los empleadores en un mismo mercado laboral: se reveló que grandes firmas tecnológicas como Google y Apple habían llegado a acordar no robarse los empleados entre ellas. Casi el 40% de los trabajadores estadounidenses ha estado en algún momento bajo un contrato de exclusividad, impidiéndoles ir a trabajar para la competencia de sus empleadores.

De todos modos, los reguladores no se suelen preocupar por los efectos que generan los acuerdos entre compañías dentro del mercado laboral. En un artículo reciente, Suresh Naidu, Eric Posner y Glen Weyl presentaban tres razones para explicarlo. En primer lugar, la teoría legal ha adoptado desde los años 60 la creencia de que la eficiencia económica en una fusión corporativa se debe valorar únicamente por sus efectos en los consumidores. En segundo lugar, los reguladores no han llegado a la conclusión cada vez más extendida de que los mercados laborales no tienen por qué ser competitivos. En tercer lugar, se creía que la mejor solución a los daños que sufren los trabajadores era mediante la regulación del mercado laboral y la negociación sindical, más que estableciendo reglas antimonopolio. Pero la desregulación y la erosión del poder de los sindicatos han debilitado dichas fuerzas compensatorias.

En este sentido, un número creciente de economistas sostiene que las políticas antimonopolio deben tomarse más en serio la posibilidad de que existan monopsonios. Como señalan Steinbaum y Maurice Stucke en un artículo publicado hace pocopublicado hace poco, la normativa actual que regula el ‘bienestar del consumidor’ es solo una de las muchas formas de aplicar la ley. Los estatutos antimonopolio están redactados de manera suficientemente amplia como para que puedan aplicarse otras normas con la misma facilidad. Los autores apoyan una ley de ‘competencia efectiva,’ que obligaría a los reguladores a valorar el estado de salud de la competencia en todos los mercados. Cabe destacar que esta ley también cambiaría la carga de la prueba a las empresas que se fusionan, pidiéndoles que demuestren que dicha unión no debilita a la competencia.

Por su parte, Naidu, Posner y Weyl proponen otras reglas básicas para evaluar las fusiones. Bajo el planteamiento de ‘definición y concentración del mercado,’ los reguladores determinarían el mercado laboral afectado y realizarían un examen de las fusiones que pudieran provocar que la concentración sobrepase determinados límites. Sin embargo, definir el mercado laboral que se vaya a ver más afectado puede ser complicado. En un artículo reciente, Marinescu y Herbert Hovenkamp hablaban de eBay, el portal web de subastas, y de Intuit, una firma que vende software financiero, contable y de presentación de impuestos. Cada una de las dos organizaciones ofrece servicios muy diferentes, pero se ven a ellas mismas como competidoras en cuanto a los trabajadores que necesitan; así lo ha demostrado un acuerdo al que han llegado para no robarse empleados entre ambas.

Afortunadamente, los datos de los portales de búsqueda de empleo facilitan la observación de qué tipos de trabajadores buscan ciertos empleos, es decir, de los mercados laborales en los que operan.

Daños a los trabajadores

Un enfoque alternativo de la ‘presión salarial menguante’ podría ser analizar la frecuencia con la que los trabajadores tienden a cambiar de empresa. Una posible fusión se sometería a escrutinio si una parte considerable de la rotación laboral proviniera de las dos firmas que se quieren unir. Dicho análisis debería contener el tipo de análisis económico detallado que los reguladores ya utilizan para evaluar la competencia en el mercado de los productos, pero aplicado en este caso al mercado laboral.

Hasta la fecha, los gobiernos se han centrado demasiado en los posibles daños provocados a los consumidores a causa del aumento de la concentración empresarial y no se ha contemplado el impacto ejercido sobre los trabajadores. Sin competencia, las grandes corporaciones se convierten en burocracias explotadoras sin responsabilidad ante nadie. Tanto los consumidores como los trabajadores se merecen algo mejor.

 

* “Economists think antitrust policy should pay more attention to workers”. The Economist, 25/10/2018 (Artículo consultado el 12/11/2018).

Acceso a la noticia: https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/10/27/economists-think-antitrust-policy-should-pay-more-attention-to-workers

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