La inspección del Trabajo estrecha el cerco sobre el sector cárnico después de años de denuncias de los trabajadores. Treball investiga si se usan cooperativas de fuera de la comunidad para saltarse la normativa catalana.

Como casi todos los sábados a las cinco de la tarde, la plataforma Càrnies en Lluita reunió ayer en el Casal Claret de Vic a un grupo de trabajadores –buena parte inmigrantes– de cooperativas que dan servicio a mataderos­. Ayer algunos de los que están empleados en Le Porc Gourmet estaban preocupados porque –aseguran– que la empresa quiere que dejen una cooperativa domiciliada en Catalunya por otra con sede social en Lugo. Esta misma semana seis furgonetas de la policía nacional se presentaron en esa empresa –filial del zaragozano Grupo Jorge– ubicada en Santa Eugènia de Berga para llevar a cabo una inspección de trabajo. Un portavoz de la empresa calificó la inspección como algo normal y habitual en las empresas. Lo cierto es que esa filial denominada Le Porc Gourmet ha recibido varias denuncias de sindicatos desde hace meses por el uso de cooperativas de trabajadores presuntamente de forma fraudulenta. “Estamos en situación de alarma social porque hay 500 familias que pueden quedarse sin ningún tipo de ingresos”, avisa Montse Castañé, del sindicato COS y de la plataforma Càrnies Lluita.

El secretario de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, explica que la inspección lanzada en la compañía forma parte del plan sectorial para investigar el presunto dumping que practican algunas empresas cárnicas para saltarse la normativa catalana sobre el sector. El año pasado, el Parlament legisló una nuevas normas para que los empleados de las cooperativas de trabajo asociado en Catalunya tuvieran unas condiciones asimilables a los asalariados. La inspección de trabajo investiga si algunas de las cooperativas con sede en Catalunya están presionando a sus trabajadores para que pasen a integrarse en una cooperativa domiciliada, por ejemplo, en Galicia para saltarse la norma catalana. “Tenemos competencia sobre las cooperativas con domicilio en Catalunya, no sobre las que tienen centro de trabajo aquí”, según Ginesta.

Josep Collado, secretario general de la patronal FECIC, dice que “si es cierto que se dan esos casos es una práctica poco elegante porque si tienes una cooperativa que está en Catalunya debe cumplir las leyes de Catalunya”.

Según Montse Castañé, un trabajador de un matadero que se rige por el convenio del sector puede cobrar unos 1.080 euros al mes. Si desarrolla esa actividad a través de una cooperativa de trabajo asociado, la nómina se puede reducir hasta un 40% o un 50%, según Castañé.

La cooperativa es una figura jurídica que permite a un grupo de trabajadores asociarse para crear una empresa donde las decisiones las toman los socios en su doble condición de propietarios y trabajadores. Inicialmente las cooperativas estaban formados por matarifes especializados en determinados tipos de corte. Ahora muchas de ellas persiguen solo evitar pagar a los trabajadores lo que marca el convenio sino un cantidad muy inferior. Se convierten así en falsos autónomos. “La problemática es que hay empresas que para no asumir los costes de la Seguridad Social utilizan la fórmula de las falsas cooperativas”, reflexiona Bernat Villarroya, del área de industria de CC.OO.

Esta semana también ha trascendido que Treball ha multado a la gerundense Trefisa con 800.000 euros por tener a la mitad de sus trabajadores como falsos autónomos a través de una cooperativa, según fuentes de UGT. Por su parte, CC.OO. pide que todos los trabajadores de esas cooperativa pasen de ser autónomos a asalariados. La Federación Estatal de CC.OO. Industria también denunció la existencia de 130 falsos autónomos contratados por la “cooperativa de trabajo asociado” Servicarne, en la fábrica cárnica Milsa de Lleida. El sindicato considera que “se les tiene que dar de alta como personal asalariado en el régimen general de la Seguridad Social”.

El conflicto en el sector cárnico se prolonga desde hace años. La patronal del sector (la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies, FECIC) para intentar mediar en el sector impulsó la concesión de un código de buenas prácticas en el uso de cooperativas de trabajo asociado a aquellas empresas que cumplan con una serie de requisitos y que superan una inspección de la patronal. Le Porc Gourmet, del Grupo Jorge, aunque solicitó la obtención del código no ha completado el proceso, explicó Josep Collado, secretario general FECIC.

El problema con el que se encuentra la Administración es que a través de resquicios legales, las empresas que usan cooperativas siguen funcionando. Josep Ginesta explica que “hace tres años que estamos detrás de las cárnicas”. Ginesta cree que la solución pasa por una “negociación en una mesa” entre las partes. Collado defiende el uso de las cooperativas porque es “uno modelo de externalización y subcontratación que permite mucha flexibilidad”.

Los grandes sindicatos CC.OO. y UGT aunque han presentado denuncias apenas tienen afiliados en las cooperativas. Al ser trabajadores autónomos muchos no están afiliados a ningún sindicato. La crisis laboral que se vive en algunas cárnicas no es extensible a todo el sector. Algunas de las grandes compañías como Guissona no tienen este problema ya que apenas trabajan con cooperativas. Además son empresas con presencia sindical que controla mucho mejor la situación laboral, explica Bernat Villarroya.

 

 

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