CCOO y UGT exigen a la oposición que no pongan excusas para recuperar salarios y derechos perdidos por la crisis. Por otro lado, las centrales quieren que cale la idea de que la bonanza económica de la que presume el Gobierno debe trasladarse a los ciudadanos.

Todos los días tienen que ser 1º de Mayo. Los partidos tienen que sentir el aliento de los trabajadores en el cogote. Estos son los planes que tienen los dos principales sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), a partir del Primero de Mayo y este es el mensaje que quieren llevar a los ciudadanos que se manifestarán en alguna de las 73 marchas convocadas en una jornada con una fuerte carga reivindicativa. La movilización permanente se hace necesaria, según Ignacio Fernández Toxo y Josep Maria Álvarez, que se lamentan de que la reforma laboral del 2012 aún siga vigente y no se haya configurado una mayoría parlamentaria para derogarla. Y cada día que pasa, va a ser más difícil.

"Necesitamos recuperar derechos y que el crecimiento de la economía llegue a miles de ciudadanos", afirmaba días atrás Álvarez. Las centrales reconocen que la mejora económica está creando empleo, pero esto no va acompañado de una mejora general de la situación de las familias. El trabajo que se ofrece es precario y temporal, los salarios no han recuperado el poder adquisitivo perdido en los últimos cinco años y los precios amenazan con seguir subiendo, las prestaciones por desempleo cubren cada vez a un menor número de parados y la inmensa mayoría de las pensiones tienen cuantías escasas. Todo esto "no se ha producido por casualidad; el Gobierno buscaba estos efectos con la reforma laboral", dijo Toxo ante una asamblea de delegados de CCOO el pasado viernes.

Sin mayoría política

El primer enemigo a batir, por tanto, es la reforma laboral. Pero los sindicatos claman en un desierto político. Casi un año sin gobierno (2016) y dos elecciones para que finalmente vuelva a gobernar el inspirador de esta reforma, Mariano Rajoy, es un tiempo perdido, según las centrales. La oposición "no ha sabido gestionar los resultados de las elecciones del 2015 y ha permitido que gobierne Rajoy", reprocha el líder de CCOO. Prácticamente esta legislatura no ha comenzado hasta el pasado mes de diciembre y ha pasado poco tiempo para que los partidos de la oposición, sobre todo, PSOE y Podemos e incluso Ciudadanos, ahora aliado del PP en los Presupuestos, no haya sacado su artillería parlamentaria para anular los efectos negativos de las reformas.

Las dos iniciativas que hasta ahora UGT y CCOO han trasladado a los partidos y en las que han empleado más esfuerzo de movilización, están en el dique seco. Se trata de la iniciativa legislativa popular para una renta mínima para los dos millones de personas que no reciben ninguna prestación y una proposición de ley, que tramitó Podemos, para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 800 euros mensuales en el 2018.

El revés del SMI

Por el contario, las centrales sufrieron un serio revés con el acuerdo alcanzado en diciembre entre el Ejecutivo y el PSOE para incrementar un 8% el SMI, que lo ha dejado en 707 euros, muy por debajo de su reivindicación, y subir las bases máximas de cotización que permitirá aumentar las cuotas a la Seguridad Social y que haya más ingresos para pagar la creciente factura de las pensiones. Todo ello a cambio del apoyo socialista al techo de gasto.

En paralelo el diálogo social para el plan de choque por el empleo, la reorganización de las prestaciones a los parados y las pensiones se ha desarrollado a la velocidad del cangrejo. El Gobierno ha aplazado cualquier decisión, excepto la prórroga ya prevista del Programa de Activación para el Empleo (PAE), hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado prevista para junio.

Las cuentas oficiales sí recogen el acuerdo para el empleo público que consolidará unos 200.000 puestos de trabajo actualmente desempeñados por interinos. De esta forma, el Ejecutivo evita otro tirón de orejas del Tribunal Europeo por la discriminación en las indemnizaciones por despido entre los interinos y los fijos.

No mucho mejor le ha ido a las centrales en la negociación colectiva con la CEOE que prácticamente está paralizada. CCOO y UGT quieren un acuerdo marco que sirva de referencia para negociar los convenios en los sectores más débiles y en las pymes que les permita subir los salarios y recuperar derechos. Pero las patronales, como indirectamente el Ejecutivo, miran más lejos, a junio, cuando se sepa quién se hará con el liderazgo en el PSOE.


40 años de legalidad y hartos de la corrupción

Este Primero de Mayo se celebra cuando se cumplen 40 años de la legalización de CCOO y UGT. "Fuimos legales porque luchamos para conquistar el derecho a serlo. Nada nos regalaron", señalan ambas centrales. Aprovecharán, por tanto, las manifestaciones para defender el papel de los sindicatos como interlocutores sociales de los gobiernos y de los empresarios y denunciar que también la reforma laboral y la ley mordaza, entre otras, han tratado de "desmontar a las organizaciones sindicales para aniquilar los derechos de los trabajadores", denunció esta semana Álvarez. Las dos centrales mayoritarias no han podido eludir la actualidad política y este año han reforzado su mensaje contra la corrupción. "No es soportable escuchar un nuevo caso todos los días y que no se tomen medidas", opina el líder de UGT. "La regeneración de la democracia necesita una reforma constitucional, no es suficiente con las palabras y los gestos", subraya Toxo.


Los sindicatos reclaman al Govern la renta garantizada y el pacto industrial

El Primero de Mayo tendrá en Cayalunya reivindicaciones propias focalizadas en la Generalitat, a la que los sindicatos reclaman que cumpla con sus asignaturas pendientes. La lista está encabezada por el desbloqueo de la renta garantizada para hogares con pocos recursos, el pacto induustrial y el aumento de plazas de funcionario para reducir la gran cantidad de interinos. Para Javier Pacheco, nuevo secretario general de CCOO de Catalunya, «el Govern tiene que cumplir de una vez el mandato del Estatut y poner en marcha la renta de ciudadanía». Además, advierte de que los 11 millones adicionales y los avales por 300 millones son «insuficientes» para firmar el pacto industrial. El líder de la UGT catalana, Camil Ros, considera que el acuerdo sobre la renta garantizada en Catalunya será posible porque «la movilización social da resultados».

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