La economía social crea y mantiene empleos y es la mejor vía para emprender garantizando el control sobre la propia creación. La aportación más relevante que hoy puede hacer la economía social tiene que ver con la necesidad de revertir todo lo que nos ha llevado al retroceso actual.

 

Lo que nos dijeron que era una crisis financiera se ha convertido en una reestructuración social que ha devaluado el valor del trabajo y los derechos de ciudadanía. Revertir este proceso requiere ensayar nuevas fórmulas o poner en valor alternativas ya existentes.

Personas que se ven obligadas a autoemplearse buscan una alternativa a la extrema precariedad que supone ser autónomo dependiente. Pueden agruparse en una cooperativa de trabajo. Otras, decididas a crear su empresa, encuentran en el modelo cooperativo una forma de hacerlo más coherente con sus valores. Y, también, la economía social -cooperativas y sociedades anónimas laborales (SAL)- sigue siendo una vía para recuperar o dar continuidad a empresas. La cooperativa también es una manera de ganar dimensión sin renunciar al proyecto de empresa propio.

Hay, pues, un gran campo para hacer de la economía social una herramienta para la recuperación social y económica. El Consejo Europeo de ministros de Empleo aprobó el pasado 7 de diciembre un importante documento que reconoce este hecho. Por eso es necesario que reciba apoyo social y de las administraciones, pero igualmente es necesario que no dependa de estas y que se extienda a todo tipo de actividad económica.

Aprovechar el potencial de crecimiento de la economía social, de modo que beneficie a las personas que participan directamente y al conjunto de la sociedad, exige evitar algunos riesgos. Hay que evitar desdibujar las diferencias entre las empresas cooperativas y las mercantiles. Parte del movimiento cooperativo ha percibido este riesgo en el proceso de modificación de la ley de cooperativas o en los últimos cambios que han afectado a la tenencia del capital de las SAL.

No hay que confundir la economía social, definida por la participación en la gestión democrática de la empresa, con otros tipos de formas societarias como asociaciones y fundaciones que, pese a no ser mercantiles, no son necesariamente democráticas. La misma ley española del 2011 favorece la confusión al incluir tipos de empresas que no son ni cooperativas ni SAL.

No hay que olvidar que el impacto social es importante, pero que el primer objetivo de las cooperativas y de las SAL es dar valor económico y social a las personas que participan. La calidad del trabajo debe ser la principal medida para evaluar la calidad del impacto social.

Hay que destacar que la fórmula societaria no es por sí sola ni garantía ni obstáculo para que la actividad de la empresa y la manera en que se ejecuta tengan un impacto social positivo. En el caso que nos ocupa hay, sin embargo, que incorporar necesariamente unos valores cuya existencia justifican el apoyo normativo y económico que deben recibir las empresas sociales. Y hay que encontrar maneras de apoyar según la evaluación de impacto y no de lo que damos por supuesto por el hecho de usar una fórmula societaria social.

Necesitamos, pues, un marco de apoyo a largo plazo, y que se respalde las empresas de la economía social, en especial a las que empiezan, facilitando herramientas adecuadas que hoy no encuentran en un sistema económico conformado a la medida de las sociedades mercantiles. Las cooperativas y las SAL han sido favorecidas en la contratación pública. No es aceptable, sin embargo, que se utilicen para desregular los servicios públicos, ni en las condiciones de acceso ni en las de trabajo. Asimismo, hay que preservar para estas empresas nichos de actividad que, a menudo, ellas inventan y que cuando maduran se los disputan las mercantiles. Estas ventajas solo se justifican si dan mejor servicio y generan mejor trabajo que las empresas mercantiles, y habrá que acreditarlo, caso por caso, mediante dicha evaluación de impacto social.

Impulsar la economía social pide evitar la tentación de crecer en cantidad. Hay que reforzar los valores propios de la economía social, que garantizan cualidades que las grandes mercantiles intentan incorporar -al menos en el discurso- como el compromiso, la creatividad, el aplanamiento de las jerarquías ... Si estas son cualidades necesarias, es importante que no las pierdan las empresas de la economía social.

En una economía con el alto fraccionamiento de los procesos de producción de bienes y servicios, con las posibilidades que nos da la tecnología, y donde el principal valor radica en el conocimiento, empresas gestionadas democráticamente deben poder responder de manera eficaz a los retos del mercado. Son una buena herramienta para crear y mantener empleo. Son una forma de emprender que garantiza el control sobre la propia creación y, también, una forma de acceder a las ayudas y apoyos justificados por un impacto social positivo. Para muchas personas esto es mucho; quizás, suficiente. Para el sindicalismo sociopolítico de CCOO, la aportación más relevante que hoy puede hacer la economía social tiene que ver con la necesidad de revertir todo lo que nos ha llevado al retroceso social actual. Debe permitir que mucha gente pueda trabajar de acuerdo con sus valores, y que mucha otra pueda usar y consumir de manera coherente con los suyos.

Necesitamos alternativas de modelos empresariales no marginales que pongan en valor las personas y el empleo de calidad, como lo es la economía social, con el apoyo de los gobiernos.

 

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