Los sindicatos sufren una crisis de identidad tras perder el monopolio de la movilización en la calle y se aferran a medidas de transparencia para contener la sangría de afiliados. El reto que se impone el asociacionismo laboral en Europa es convertirse en la voz de los ejércitos de desempleados y trabajadores precarios que pueblan el mercado laboral.



El trabajo de Raúl Radillo, delegado de Comisiones Obreras en PMR, empresa participada por AENA en el aeropuerto Barajas, se ha vuelto mucho más complicado tras siete años de áspera recesión económica en España. “No es fácil", asegura, "los trabajadores jóvenes son todos eventuales, ganan una miseria y en sus planes no entra pagar por afiliarse a un sindicado”. La experiencia de Radillo resume bien la crisis de identidad que sufre el asociacionismo laboral. Lejos de la importancia que un día tuvieron en el tablero social y económico, los sindicatos luchan por resituarse en un mundo laboral cuyos rasgos, profundamente alterados en la última década, les resultan ajenos. España no es distinta en eso que el resto de grandes economías europeas. En todas, se impone el mismo reto: convertirse en la voz no solo del asalariado tradicional, sino también de los ejércitos de desempleados y trabajadores precarios que pueblan el mercado laboral. Y mientras se restañan las heridas de un ataque frontal a su instrumento de lucha más eficaz, la negociación colectiva, las alarmas resuenan también en sus propias filas. “CC OO se reinventa o se la lleva el viento”, declaró recientemente Ignacio Fernández Toxo, secretario general de la confederación.

La sangría de afiliados a las centrales sindicales ha sido constante a lo largo de la crisis. En 2013, se pudieron contar en las filas sindicales 2,47 millones de trabajadores españoles, 400.000 menos que en 2008, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Esta caída de afiliados, además de mermar sus finanzas, les ha obligado a una profunda reflexión: “Se nos acusa de que solo nos preocupamos de los trabajadores asalariados y con contratos indefinido, pero no es cierto. Tenemos entre nuestras prioridades la protección de los precarios y los parados, y hemos luchado para obtener medidas sobre subsidio de desempleo y renta mínima”, explica Javier Doz, presidente de la Fundación 1º de mayo de CC OO.

Colgado de una de las paredes de la sala en la que habla, un cartel de febrero de 2013 tiene impreso un lema que más bien parece una toma de conciencia: “Combatir la crisis, renovar el sindicato”. Doz admite las dificultades para lograr ese objetivo: “Es muy difícil organizar a los nuevos empleados. Muchos de ellos son falsos autónomos o trabajan online y ni siquiera pisan el lugar de trabajo; así es complicado fomentar una cultura de solidaridad”. Destaca el abuso de la contratación temporal —más estructural en el mercado laboral español España— y a tiempo parcial, que ha crecido un 4,35% desde el inicio de la crisis.

En los últimos años esa meta no se ha alcanzado. “Somos conscientes de nuestros errores, hemos creado un código ético para evitar corrupción y malversación de fondos en el sindicado. Pero hemos ha aguantado una ofensiva durísima desde un punto de vista ideológico, político y empresarial. La reforma laboral de 2012 ha golpeado la negociación colectiva, la herramienta más potente, y ha permitido a los empresarios adoptar cláusulas para desentenderse del contenido de los convenios colectivos. Se ha producido una fuerte disminución de la tasa de la cobertura de estos acuerdos, y eso ha complicado aún más nuestra tarea”, remacha Doz. Según los datos —aún provisionales— del Ministerio de Empleo, en 2014 se firmaron 2.440 convenios colectivos. En 2007, esta cifra ascendía a 6.016.

Hölm Detlev Kohler, sociólogo del trabajo de la Universidad de Oviedo, comparte la visión de Doz: “La volatilidad del mercado laboral ha aumentado. Los nuevos colectivos cambian con frecuencia sus relaciones laborales, sus intereses se limitan al corto o al medio plazo, como la base tradicional de afiliados. Lograr su afiliación es mucho más difícil. Y así los sindicatos se han debilitado”. Pero el académico va más allá, y cuestiona el uso que las confederaciones han hecho del principal instrumento de presión: la huelga. “Cuando los sindicados industriales eran fuertes, sus luchas se dirigían directamente contra los empresarios. Pero hoy en día han aumentado las huelgas en el sector de los servicios o aquellas con finalidad política, cuyos destinatarios son las administraciones. Y los principales afectados son los usuarios, la población. Esto cambia las reglas del juego, y hace que esta herramienta pierda poder y despierte más críticas”.

Como parte de esa disminución de fuerzas tradicionales, los sindicatos han perdido el monopolio sobre la movilización social: “Movimientos como el 15-M, las Mareas, San Precario en Italia o Fuck the Troika en Portugal, han organizado importantes manifestaciones de las que las confederaciones se han quedado excluidas. Y ahora se encuentran ante una encrucijada: o se reconvierten en movimientos sociales de protesta y emprenden una nueva forma de lucha política, o intentan aprovechar su poder institucional, el acceso directo que todavía tienen a las negociaciones con el Gobierno y su presencia en las empresas. No pueden hacer las dos cosas a la vez. Es evidente que la actual estrategia, el intento de salvar lo que ya tienen, de apostar por pedir mayor gastos públicos cuando no hay recursos, no funciona y hace que desperdicien un importante capital social”, sentencia el académico alemán.

Sin bien las centrales sindicales españolas comparten sus problemas con las de otros países europeos, es en el sur del continente, donde la crisis ha golpeado de manera más dura, las dificultades comunes se hacen más evidentes. En Italia, hasta mediados de los noventa, los sindicatos fueron cruciales al definir importantes políticas sociales y económicas. Hoy queda poco de aquellas todopoderosas organizaciones de hace una década. “A lo largo de los últimos 20 años, los gobiernos presididos por Sivio Berlsusconi han intentado dividirnos. Y hoy [Matteo] Renzi se relaciona con nosotros como si fuéramos un lastre, una rémora del pasado. Hay una clara voluntad de negar el dialogo social. Con el Jobs Act [la reforma laboral, una de las principales apuestas del Ejecutivo] el Gobierno ha adoptado medidas aún más duras que las que pedía la patronal”, asegura Nino Baseotto, secretario confederal de CGIL, la más importante central italiana.

Su confederación es la más izquierdista del panorama sindical del país transalpino y en varias ocasiones ha optado por no alinearse con las posiciones de la católica CISL y la socialdemócrata UIL, a menudo más blandas en su oposición al Gobierno. “Hubo claras maniobras de Berlusconi para aislarnos”, insiste Baseotto. Pero las divisiones han ido también más allá de la esfera política; cuando la FIAT, el principal productor de coches italiano —y símbolo del sector industrial— se salió de la patronal para no tener que aplicar el convenio colectivo, los tres sindicados no supieron unirse para contrarrestar este ataque. La empresa acabó endureciendo las condiciones de trabajo de miles de obreros. Y ahora, tras aplicar reformas del mercado laboral, el Gobierno ha simplificado y abaratado el despido. “El sindicato tiene una clara responsabilidad, porque si la falta de unión determina perder batallas tan importantes significa que cometimos un error. Pero la explícita voluntad de hacer que las confederaciones no puedan contar con un interlocutor político complica mucho nuestra tarea”, añade Baseotto.

Según las OCDE, los afiliados a los sindicatos italianos eran más en 2013 que en 2008: 6,1 millones frente a 5,7 millones. Los jubilados, sin embargo, representan cerca del 40% de los inscritos, un dato relevante en un país que con 154,1 ancianos cada 100 jóvenes es el país más envejecido de la Unión Europea, solo después de Alemania. Así que las incógnitas y los apuros respecto a la representación de los sectores más débiles del mercado laboral permanecen: “En Italia el sindicato todavía no ha encontrado las respuestas a estos problemas. Aún tenemos que ofrecer soluciones en términos de tutelas de derechos, tenemos que ser capaces de indicar propuestas para el futuro, no solo denunciar lo que no funciona. Y en este sentido el recorrido es todavía muy largo”, confiesa Baseotto.

Y en ese camino, los obstáculos no solo tienen dimensión nacional; en los países rescatados, las políticas de la Unión Europea han repercutido directamente en la capacidad de acción de los sindicatos. En palabras de Luca Visentini, secretario confederal de la Confederación de Sindicatos Europeos (ETUC, por sus siglas en inglés), “las instituciones antes conocidas como troika [el conjunto formado por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo] impusieron en los países rescatados estrictas medidas para descentralizar la negociación colectiva, eliminar la normas que permitían su extensión también más allá de los inscritos al sindicato y reducir el salario mínimo. Los resultados en términos de reducción de eficacia de la acción sindical han sido devastadores”, asegura. Portugal es el mejor ejemplo. Los trabajadores cubiertos por los convenios colectivos eran 1,9 millones en 2008, cifra que se desplomó en 2012 hasta los 330.000, según los datos de la Dirección General de Empleo y Relaciones Laborales del país luso.

“Las políticas europeas han socavado la negociación colectiva, la afiliación, y las conexiones con el poder político, tres condiciones fundamentales para que los sindicados puedan influir en las decisiones institucionales. Han puesto en marcha reformas cuyo objetivo es destruir las instituciones de del mercado laboral, que impiden extender la protección de los sindicados a los trabajadores con más dificultades”, arguye Philip Pochet, director general del Instituto Europeo de Sindicatos, centro de investigación financiado por la Unión Europea. Hacer más laxas las obligaciones para los empresarios, además, “ha mermado el dialogo social europeo que caracterizó los años noventa. ¿Por qué los empresarios deberían estar interesados en alcanzar un acuerdo si no tienes la obligación de hacerlo?”, remacha el investigador. “A las politicas desregulatorias de la Comisión presidida por [José Manuel Durão] Barroso se ha añadido la acción de la Corte Europea de Justicia, que en varias ocasiones ha tomado decisiones explícitamente en contra de las prerrogativas sindicales”, argumenta Michael Gold, catedrático de relaciones laborales comparadas en la Universidad Royal Holloway de Londres.

Caso distinto es el alemán. La primera economía europea ha basado su desarrollo en inversiones financieras de largo plazo —inmunes a la volatilidad del mercado—, así como en un sistema de cogestión de los sindicatos en las empresas. El modelo, ideado para fomentar industria exportadora, ha convertido Alemania en la más boyante locomotora continental. “Los obreros de Volkswagen ganan 35 euros la hora y gozan del amparo de la IG Metal, la poderosa federación de los metalúrgicos. Pero en la misma empresa los trabajadores de la limpieza ganan 4,5 euros la hora. Y en esto los sindicatos tienen una gran responsabilidad, porque no consiguieron, y en algunos casos no quisieron, oponerse a las reforma del mercado de trabajo de 2010 y a la descentralización de facto de la negociación colectiva”, detalla Visentini, que alude a la introducción de los minijobs [empleos de breve duración remunerados con un máximo de 450 euros al mes] por parte del Gobierno de Gerhard Schröder y a las cuatro reformas del mercado del trabajo conocidas como Hartz (por Peter Hartz, gerente de recursos humanos de Volkswagen que fue consejero del excanciller alemán). Estas reformas, junto al sistema de subsidios para el desempleo alemán, “relegan 7,5 millones de trabajadores a la precariedad, a aceptar trabajos con breves contratos temporales por 450 euros al mes. Un Ejército de precarios que maquilla las estadísticas sobre desempleo del país”, asevera Visentini.

A lo largo de los últimos años, además, “el 54% de las grandes empresas alemanas ha salido de la patronal, así que no tienen que aplicar el convenio colectivo a sus empleados. ¿Cómo han reaccionado los sindicatos a todo esto? Han preferido proteger a los trabajadores de las empresas punteras y se han descuidado de los demás. Y ahora la brecha salarial entre el Oeste y Este del país llega en muchos sectores al 40%, y en la misma empresa hay trabajadores que ganan 20 veces menos que sus compañeros”.

Esta estrategia, insiste Visentini, ha implicado la pérdida de 1,5 millones de afiliados. “Y es por eso que la DGB [la principal confederación del país] ha apoyado con fuerza la lucha para establecer un sueldo mínimo. Ha sido una estrategia para recuperar inscritos. Y en parte lo han logrado, pero el número de afiliados queda lejos de las cifras de hace 15 años”, zanja.

Si en Italia, en España y hasta en Alemania la crisis económica ha acelerado drásticamente el declive de los sindicados, en Reino Unido, donde la polémica sobre los contratos de cero horas ha sido una de las más agrias de últimas campañas electorales, su caída viene de antes. Según las estadísticas del Gobierno británico, en 2013 los afiliados a la TUC —la confederación que aglutina la mayoría de las federaciones sindicales de Inglaterra y Gales— eran 6,5 millones, la mitad respecto a los 12,6 millones de 1980. “La caída tan abrupta de las afiliaciones respecto a hace 30 años se arraiga en las duras medidas con las que Margaret Tatcher anuló las prerrogativas de los sindicatos, así como en la profunda evolución de los sectores en los que la densidad sindical era más elevada. En 1950, por ejemplo, había en Reino Unido un millón de mineros, hoy son 2.500. Es una industria que está echando el cierre, y lo mismo vale para la producción de hierro y acero y por la de coches”, explica Gold, de la Universidad Royal Holloway de Londres. “En una fábrica el trabajo está organizado según turnos precisos, se trabaja en equipo, hay una cohesión entre los obreros. En la economía de servicios que la va remplazando los trabajadores están mucho más dispersos, son mucho más difíciles de organizar”.

Para los sindicatos británicos, sin embargo, no todo son malas noticias. El declive del número de afiliados entre 2012 y 2013 se redujo al 0,1%, “y el solo hecho de conseguir mantener los miembros ya es un éxito”, matiza Gold. Y añade: “USDAW, el sindicado de los dependientes en las tiendas, ha conseguido aumentar sus miembros en los últimos años [tenía 356.046 en 2008 y alcanzó los 425.652 en 2013] gracias a agresivas campañas entre los trabajadores temporales, con horario reducido, con las condiciones contractuales más precarias. Y eso demuestra que con las políticas adecuadas se puede obtener las sindicalización de esta categoría”.

Aunque, por más que se quiera maquillar el problema con victorias parciales, resulta evidente para todos que la crisis de los sindicatos es profunda. Y requerirá de drásticos replanteamientos que se han hecho esperar demasiado. En España, las dos principales centrales (porque aún rige el duopolio, pese a la emergencia de nuevos actores, como Somos, el sindicatos afín a Podemos) ya subrayan abiertamente la necesidad de un cambio de rumbo. De ello está convencido Javier Doz, de CC OO: “Tenemos que transformar nuestra imagen, reconocer nuestros propios errores, buscar absoluta transparencia en nuestras estructuras, erradicar corruptelas y corrupción y fomentar la democracia interna y la participación. Tenemos que replantear nuestro papel en la sociedad, estar presentes en los temas importantes que afectan a los trabajadores, los temas sociales, los desahucios… España y Europa están viviendo momentos decisivos y el sindicato tiene que estar presente como sujeto político autónomo. Hay que remontar”.

 

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