Hay pocos asuntos que, en materia universitaria, susciten ahora mismo tanta unanimidad como el de la -urgente, para muchos- reforma del sistema de financiación de la educación superior. De las 146 carreras que existían antes de Bolonia, se ha pasado a 2.600 grados y 4.000 másteres.

 

Otra cosa es, y aquí sí se rompe el consenso, ponerse de acuerdo en cómo hay que abordar la cuestión. La comparecencia ayer de la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, en el Congreso de los Diputados volvió a poner sobre la mesa el debate, porque, según sentenció la número dos del ministro José Ignacio Wert, «la universidad española es, en las condiciones actuales, insostenible».

El punto de partida de Gomendio es que el sistema universitario ha crecido tanto en los últimos años en España que «hay que empezar a decidir quién paga, cómo se paga y cuándo se paga», dijo. «Este crecimiento exponencial no se sostendrá con las actuales reglas del juego», afirmó la secretaria de Estado, que defiende que, para empezar a hablar, «hay que determinar primero qué parte deberá de pagar el usuario, es decir el estudiante ».

Para defender su postura, Gomendio aportó muchísimos datos. Dos de ellos, contundentes. El primero: que mientras hace unos años las universidades españolas ofrecían en su conjunto un total de 146 carreras distintas, ahora, con el plan Bolonia plenamente desplegado, los alumnos españoles pueden elegir entre «más de 2.600 títulos de grado y más de 4.000 másteres». El segundo argumento: el sistema no eficiente. Según un estudio elaborado recientemente en colaboración con el Ministerio de Empleo, explicó, «menos del 50% de los graduados universitarios están afiliados a la Seguridad Social un año después de haber terminado sus estudios. Cinco años más tarde, siguen siendo solo el 64%, y si se observa qué tipo de empleo tienen estos estudiantes, más del 30% están desempeñando puestos de baja cualificación, trabajos manuales».

La batería de cifras y estadísticas le sirvió a la número dos del Ministerio de Educación para elaborar una primera conclusión: como el sistema -queda demostrado- es insostenible y las universidades no pueden seguir dependiendo solo de los fondos públicos («tenemos un porcentaje de financiación pública elevadísimo, mayor que la media de la OCDE», dijo), habrá que abrir el debate, sí o sí, hacia otras fórmulas. «Evidentemente, lo normal es que la Administración pague una parte para garantizar, por ejemplo, que los estudiantes de familias de entornos desfavorecidos tienen asegurado el acceso a la universidad», pero ¿qué pasa con el resto? «Hay muchos modelos, como el de los préstamos, donde son los propios estudiantes quienes se responsabilizan del coste de sus estudios», lanzó Gomendio.

Pagan los de siempre

Y aquí es donde discrepan los partidos de la oposición. «Es cierto que la sociedad entera está demandando un nuevo modelo de financiación universitaria», admitió la portavoz socialista de Universidades, Angelina Costa. Pero lo que no puede hacer el Gobierno, añadió, «es banalizar y vituperar al sistema universitario español» y, sobre todo, «no debe dejar recaer peso de la financiación universitaria sobre los hombros de los estudiantes y sus familias». Menos con una crisis como la actual.

Los socialistas abogan por un modelo de financiación pública que no tenga solo en cuenta el número de alumnos matriculados en cada universidad, como ocurre ahora, sino que incluya parámetros relacionados con los resultados docentes, los de investigación y desarrollo o los de innovación. De hecho, algunas comunidades autónomas como Catalunya están trabajando desde hace ya un tiempo en un nuevo mecanismo, basado en la asunción de objetivos y evaluaciones externas.

«Necesitamos efectivamente un nuevo modelo de financiación, pero si lo necesitamos es porque hemos retrocedido 20 años por los recortes que ha practicado el PP», subrayó Costa, que preguntó a Gomendio si sus prisas por abrir este debate, «no responden más bien a las presiones que está haciendo el ministro de Economía, Luis de Guindos, para cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea». También podría ser, insinuó la socialista, que escondan nuevos recortes o sean excusas para la implantación del 3+2».

A los responsables de Educación «les molesta» la alta tasa de acceso a la universidad que existe en España, denunció Costa, que subrayó que dicha tasa es posible «porque las becas hasta ahora eran un derecho». Gomendio le replicó que si otras universidades internacionales tienen un mayor número de becados que la española es porque «tienen implantado un sistema de préstamos universitarios, además de las becas, y figuran como estudiantes que reciben ayudas en los informes».

Privatización

«El planteamiento que hacemos desde el ministerio no puede plantearse como un proceso de privatización, sino que entendemos que el crecimiento de la universidad pública es algo bienvenido y que tiene que continuar pero no a expensas de la calidad de la educación», afirmó la número dos de Wert. No explicó sin embargo Gomendio por qué en los últimos años se han creado 20 universidades privadas y ninguna pública.

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