A pesar de los riesgos penales, las compañías son reacias a establecer canales de denuncia dentro de sus propias organizaciones y los empleados se resisten a convertirse en espías de sus compañeros además de que sufren por las represalías. Cuatro de cada diez empleados temen ser despedidos si informan de alguna irregularidad.



Cuatro de cada diez empresas reconoce que no tiene un protocolo interno de denuncia para sus empleados o, si cuenta con él, no lo ha difundido correctamente entre la plantilla para su utilización. Aunque han corrido ríos de tinta sobre la necesidad de establecer mecanismos de prevención de delitos dentro de las empresas para evitar la responsabilidad penal de las compañías por las irregularidades cometidas por sus empleados, el mensaje no termina de calar en el sector empresarial, ni siquiera entre las grandes multinacionales de países donde esta norma lleva aplicándose más tiempo.

Ésta es una de las principales conclusiones a las que llegado el bufete Freshfields Bruckhaus Deringer tras realizar una encuesta a 2.500 directivos de Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Francia y Alemania.

Curiosamente, Hong Kong destaca como una de las regiones donde más denuncias se producen, mientras que en Reino Unido sólo el 6% de los encuestados ha informado de alguna irregularidad. La situación en España es similar a la del resto de Europa continental, a excepción de las filiales de firmas anglosajonas que, por lo general, están más avanzadas en este campo.

Los motivos se encuentran, por un lado, en «la falta de conocimiento de que tener estos procedimientos en la empresa pueda ser útil», según explica Raquel Flórez, responsable del departamento de derecho laboral, pensiones y beneficios de Freshfields en España. Además, añade que también existe «una resistencia cultural de los propios empleados, que no desean ser considerados como espías dentro de su propia organización; además, temen a las represalias».

Precisamente, a la poca atención que le prestan las compañías a los canales de denuncia, se suma el miedo de la plantilla a las consecuencias. De hecho, cuatro de cada diez empleados teme no sólo recibir un trato desfavorable por parte de su jefe si informa de alguna irregularidad, sino que además podría costarle el puesto de trabajo. Un 40% de los encuestados reconoce que su empresas, en mayor o menor medida, disuade los chivatazos.

Acudir a los medios Tal vez por eso, no es de extrañar que el 23% de los directivos que trabajan en los departamentos de recursos humanos se incline por animar a los trabajadores a acudir directamente a los medios de comunicación para hacer público este tipo de fraudes.

Aun así, la encuesta de Freshfields pone de manifiesto que la mayoría de la plantilla prefiere acudir a su jefe directo, mientras que el 14% recurriría al regulador del sector y el 7% a otros entes externos. En cuanto al miedo a las represalias, estos sistemas deberían de ser capaces de garantizar el anonimato o la confidencialidad del chivato, que en España está protegido por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

Prestar especial atención a este tipo de canales es esencial para las empresas, ya que más de la mitad de los casos de fraude detectados en las compañías se produce a través de un soplo de un empleado, según datos de la Asociación de Supervisores Certificados de Fraude (Acfe, en sus siglas en inglés) «Necesitamos cambiar la percepción de que para denunciar una irregularidad se necesita coraje ante los riesgos que ello implica; un buen punto de partida sería elogiar a los que cuestionan las irregularidades, el riesgo y las malas prácticas», asegura Cathy James, directora ejecutiva de la asociación de lucha contra el fraude corporativo Public Concern at Work. En su opinión, «si los directivos empezaran por preguntarse si lo que está establecido en la empresa funciona en la práctica, y sancionaran a los que perjudican a los denunciantes, podríamos estar hablando de un cambio de actitud».

 

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