El ministerio trata de implantar medidas de control de los despidos de las empresas, preocupados por que los procesos de reducción de plantillas puedan añadir elementos que aumenten la brecha de la discriminación de las mujeres en el mercado laboral.

Igualdad aprovecha el diálogo social para garantizarse fuentes estadísticas “exhaustivas” y proteger a las mujeres en la lluvia de despidos. Anuncia planes “correctores” y promoción de directivas.

"Al Ministerio le preocupa que la crisis y el aumento del desempleo afecten a la desigualdad”, asegura la secretaria general de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez Lozano, del departamento de Bibiana Aído.

Le preocupa que esos procesos de reducción de plantillas laborales puedan “añadir elementos que lejos de disminuir, aumenten la brecha de la discriminación de las mujeres en el mercado laboral. Y, por todo ello, considera que deben impulsarse medidas y acciones “que permitan no sólo el desarrollo de la ley de igualdad sino políticas activas que permitan avanzar en empleo femenino y reducir las discriminaciones actualmente existentes”.

Las palabras de una de las máximas responsables del Ministerio de Igualdad, recogidas en una de las publicaciones del Instituto de Estudios Fiscales (perteneciente al Ministerio de Economía y Hacienda) aluden al temor de que los despidos se conviertan en un supuesto mecanismo de reestructuración laboral poco menos que machista. Y contra ello, este departamento tiene claro que pretende incrementar el control de las actuaciones de las empresas para evitarlo.

El mecanismo para frenar este hipotética práctica será la Mesa de Igualdad en el Diálogo Social (con presencia de patronal y sindicatos). “Una de sus primeras acciones [de esta mesa] debe ser la de reforzar las fuentes de información estadística para tener un diagnóstico exhaustivo, ya que sólo desde unos datos adecuados y actualizados, se pueden articular las políticas correctoras que procedan”, subraya.

Refuerzo

Este reforzamiento de las vías de información debería, así, garantizar que esos despidos no se ceben en el colectivo femenino y evitar, de este modo, que “la crisis aumente la brecha de discriminación de las mujeres en el mercado laboral”.

La línea de actuación, que se aplicaría con especial intensidad a medida que arrecie la recesión y los consecuentes despidos de las empresas, se combinaría con una segunda medida.

“Resulta fundamental promover en las empresas de más de 250 trabajadores programas de formación y promoción de las mujeres para la dirección empresarial”, lo que debería permitir la promoción a los puestos ejecutivos más altos de las compañías a las mujeres en un momento en el que presumiblemente serán numerosos los altos cargos que abandonen las firmas fruto de los recortes de beneficios y, por lo tanto, de costes.

Esta declaración de intenciones llega en un momento delicado para el paro y las empresas. El desempleo masculino en marzo afectaba a 1.821.150 varones, tras subir un 3,71% en un mes. En el caso femenino, se sitúa en 1.784.252 paradas, tras aumentar un 3,38% con respecto a febrero. Si la comparación es interanual, el paro masculino ha subido un 88,04%, claramente por encima del femenino, un 33,9%. Estas diferencias rechazan las sospechas de un aumento de la discriminación y se explican en la profunda crisis de algunos sectores intensivos en mano de obra masculina, como es el caso de la construcción.

Además, las nuevas exigencias llegarían a unas empresas que ya han tenido gastos imprevistos por Ley de Igualdad, que pretende que la proporción en el empleo de empresas oscile entre el 60% y el 40%. La redacción del reglamento hecha por Jesús Caldera en su etapa en Trabajo contempla sanciones de hasta 90.000 euros a las empresas que no apliquen las medidas, así como la exclusión en los concursos públicos. El coste de adaptarse a esta norma para las empresas fue calculado por este diario: unos 1.000 millones de euros al año. Al margen, se añadió presión a la cada vez más compleja negociación colectiva.

A pesar de todo el apoyo público que tuvo la medida, su repercusión real, plasmada en la traslación a los convenios colectivos de las medidas de igualdad, no ha alcanzado la velocidad de crucero prevista. De momento, el Presupuesto para 2009 deja al departamento de Aído 81 millones de euros. No hay partida de gasto para la Ley de Igualdad de Trato en las empresas.

Las cifras

Sanciones

Las multas para las empresas que excedan sus deberes paritarios pueden llegar hasta los 90.000 euros. Entre otras cuestiones, deberán aprobar un plan de igualdad con el que demostrar cómo alcanzarán una proporción en el que ningún sexo supere el 60%.

Control

El ministro Caldera, mentor del proyecto, auspició un plan de inspecciones, llamado a sorprender a unas 10.000 sociedades. De las multas previstas nunca se supo.

Presupuesto

El Ministerio de Igualdad es el único que no llega a los 100 millones de presupuesto. Se queda en 80,96 millones. De la Ley de Igualdad de Trato nada se incluye.

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