Miguel Trías Sagnier, Catedrático de Derecho en Esade: "Sin una reforma profunda de nuestro sistema de formación y una inversión decidida en investigación, nuestro país no dejará nunca de ser lo que es desde los años sesenta: el del camarero simpático y la mano de obra barata."


Al inicio de la crisis, el discurso políticamente correcto era que debíamos cambiar nuestro modelo productivo, basado en aquellos momentos en el ladrillo, por otro fundamentado en la tecnología y el conocimiento. Han pasado seis años de aquellas afirmaciones y ya nadie recuerda esos propósitos. Nos hemos encontrado con la dura realidad de un país que sigue arrastrando sus demonios eternos. Hemos hecho algunas reformas, difíciles de ejecutar, pero fáciles de concebir. Tan fáciles que ni siquiera las hemos ideado nosotros, sino que nos han venido dictadas desde Europa. Reforma laboral, reestructuración bancaria, recorte del Estado de bienestar. Con un coste social brutal, hemos logrado volver al punto de partida. Pero de la tecnología y del conocimiento, del cambio de modelo, ni rastro.

Lo que se ha hecho era necesario, pero no suficiente. Los funcionarios que nos gobiernan debieran entender que así no vamos a ninguna parte. Nuestro país necesita una nueva oleada de reformas que sean capaces de revitalizar el modelo productivo.

En primer lugar, en la educación secundaria, materia de la cual se acaba de aprobar la séptima ley de la democracia. De nuevo se ha optado por lo fácil, por sacar adelante un proyecto legislativo de carácter partidista, fruto de la determinación de un iluminado que no entiende que en cuestiones tan claves como la educación es más importante organizar un modelo estable y consensuado que pretender imponer una visión sectaria que, por ello, será sustituida de nuevo en solo unos pocos años. En segundo lugar, en el modelo universitario, donde seguimos anclados en un sistema secuestrado por los insiders que, enarbolando la bandera de la autonomía universitaria, protege los intereses privados de los asalariados de cada centro.

La universidad debe estar al servicio del interés general. Para ello debe fomentarse la competitividad entre los diferentes centros y conseguir su interacción con el tejido empresarial, con la creación de un sistema de indicadores de los que dependa el flujo de la subvención pública que reciben.Y, finalmente, la investigación y el desarrollo, donde lejos de invertir no hemos hecho más que recortar partidas en los últimos seis años. Desde el sector público debe favorecerse, ahora más que nunca, la reversión de la tendencia.

Sin una reforma profunda de nuestro sistema de formación y una inversión decidida en investigación, nuestro país no dejará nunca de ser lo que es desde los años sesenta: el del camarero simpático y la mano de obra barata.

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