La presión ciudadana contra los desahucios y el sistema financiero en general está haciendo mella entre los trabajadores de bancos y cajas. Dicen sentirse “víctimas” por partida doble: porque se han convertido desde hace tiempo en el blanco de todas las dianas de la indignación y por ser, en muchos casos, también afectados del propio sistema bancario.


La situación de estrés y malestar psíquico es tal que algunos incluso ocultan su profesión. Y a ello suman que padecen, como buena parte de la población, medidas de ajuste laboral. Comprenden la indignación social, pero piden que esta se canalice hacia los verdaderos responsables de la situación. Y lamentan que tan solo se esté protegiendo a políticos y banqueros.

“Todo se ha ido de madre”. Son las palabras de E.A.F, el trabajador del Banco Popular que durante la huelga estudiantil de febrero del año pasado en Barcelona se enfrentó a unos vándalos que destrozaron la entrada de la oficina. Su imagen ahuyentando con un palo a un encapuchado fue portada de diarios como el New York Times. Hoy, el empleado asegura que no volvería a actuar así: “No medí las consecuencias de lo que podía haber pasado”, asegura a LaVanguardia.com. Con casi 40 años de profesión a sus espaldas, este trabajador reconoce que en la banca “vivimos el peor momento” aunque dice sentirse un privilegiado porque la sucursal en la que trabaja no ha sufrido la presión popular de afectados por los desahucios o las preferentes. Y a pesar de que las situaciones que viven algunos de sus colegas no son agradables, comprende que la gente “lo intente todo porque está desesperada”. Además lamenta que nada mejorará mientras los políticos no atiendan las reivindicaciones de la ciudadanía.

La sensación de que las cosas no se han hecho bien y que ahora la gente pide responsabilidades a quién no la tiene es un sentimiento común entre todos los trabajadores consultados por este diario, que lamentan que se les está “criminalizando” como colectivo. “Somos víctimas dobles”, resume Luis Jiménez, secretario general de servicios financieros y administrativos de CCOO en Catalunya. Jiménez, que hace 35 años que se dedica a la banca, explica que él y sus compañeros tienen que cargar con que la sociedad los vea como culpables cuando, además, en muchos casos son también afectados del sistema bancario. Y reivindica que “somos bancarios, no banqueros”. En el mismo sentido se manifiesta Lidia Herrero, de la sección de cajas de ahorros de la UGT, que lamenta que la mala gestión llevada a cabo por el Gobierno, el Banco de España y otros gestores ha afectado de la misma manera a la gente de la calle y a los trabajadores.

Piden comprensión

“Algunos se desfogan con nosotros pero nos comprenden y muchos otros ni se desfogan”, explica Herrero en relación a las protestas de ciudadanos en las sucursales. Y a pesar de comprender las reivindicaciones y quejas de los clientes y de entender que se trata de movimientos pacíficos, reconoce que en ocasiones se han producido “agresiones de todo tipo” y que muchos de sus compañeros viven amenazados porque la “rabia” va hacia los trabajadores, algo que les hace sentir indefensos. A modo de ejemplo, el delegado de CCOO explica que hay ciudadanos acampados ante sucursales de Banesto en localidades como Vic que “gritan e insultan” a los trabajadores cada vez que salen de la oficina.

Herrero recuerda que los trabajadores también son víctimas y que la situación se está traduciendo en “muchísimas” depresiones y también estrés generado, en parte, porque los trabajadores de banca no se están salvando de los despidos derivados de la crisis. También Jiménez apunta a un aumento de bajas por estrés y ansiedad y asegura que la situación pronto será insostenible.

'Los patitos feos'

Y uno de los bancos que parece estar sufriendo de forma considerable la reivindicación de la calle es Bankia. “Parece que los trabajadores de Bankia somos los responsables de todo lo que pasa en este país” denuncia Víctor Fernández, secretario de organización de su sección sindical. Fernández asegura que los trabajadores de esta entidad parecen ser los “patitos feos” de la banca y denuncia que “hay más violencia de la que se publica”. En este sentido, este trabajador asegura que la “violencia verbal” por parte de algunos manifestantes es “exagerada”. Y lamenta que Bankia sea objeto de muchas de las quejas a pesar de que “hace meses que no ejecuta ni una sola hipoteca”. En este clima de crispación social, Fernández asegura que son los trabajadores de Catalunya los que más especialmente están viviendo la dureza de las protestas ciudadanas. Fernández dice que apoya las reclamaciones ciudadanas pero no las formas y cree que las protestas se deben llevar ante sedes responsables de la situación, como el Banco de España.

Seguridad para todos
A pesar del aumento de seguridad, la mayoría de fuentes consultadas se quejan de que sus entidades no están cuidando y protegiendo suficientemente a sus empleados. En este sentido, Herrero reconoce que se han “blindado” las sedes centrales pero para los empleados rasos la protección es “cero” a no ser que el banco tenga conocimiento que se va a producir alguna acción en la sucursal. Otros como Jiménez, creen que más seguridad no rebaja la sensación de malestar y que, por el contrario, puede ser una nueva fuente de tensión. El secretario de Bankia pide refuerzos y recrimina que cuando ha peligrado la integridad de los políticos por los escraches se les ha brindado protección policial mientras que las sucursales bancarias son el blanco principal de la indignación y están más desprotegidos.

Desprestigio laboral

La situación de desprestigio y acoso profesional es tal, aseguran, que incluso hay quien en su vida privada dice que es administrativo porque si dicen que trabajan en un banco las vacaciones se convierten en “monotema”, explica la delegada de UGT. Así, el mundo financiero parece haberse empezado a convertir en un tema tabú entre las familias que tienen empleados en banca. “Antes estaba mal vista la profesión de periodista, ahora nos pasa a nosotros”, lamenta Jiménez.

Y todos se muestran pesimistas en un cambio de la situación mientras el Gobierno no atienda la reivindicación ciudadana y revise la ley.

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