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En los últimos dos años la ciudad, a través de contratos de servicios y prestaciones del Ajuntament de Barcelona o Barcelona de Serveis Municipals, ha empleado a casi 8.000 personas en riesgo de exclusión, el colectivo más vulnerable a la hora de encontrar empleo.

Ante un panorama económico tan espinoso  como el actual, las personas en situación de exclusión social son el colectivo más vulnerable a la hora de encontrar empleo. Para tratar de paliar esta angustiosa situación, el Ayuntamiento de Barcelona presentó a finales del 2008, una medida de gobierno, dirigida a fomentar la contratación social y ambiental, que introducía el concepto de reserva social, con el fin de que las empresas de inserción sociolaboral y aquellas más comprometidas con el medio ambiente se viesen favorecidas en los procedimientos de contratación de servicios y prestaciones municipales.

"Hace ahora nueve años, el Ayuntamiento de Barcelona empezó a trabajar en temas de contratación responsable, aunque con cierta insatisfacción, pues nos costaba mucho que el conjunto de la organización adoptase la cultura de la contratación responsable. Posteriormente, en el año 2007, se aprobó la ley de Contratos del Sector Público que supuso una gran oportunidad para dar un nuevo impulso este tipo de contratación. En consonancia, y en gran parte debido a la crisis económica que estaba padeciendo la ciudad, en septiembre del 2008 nos pareció útil introducir el concepto de reserva social, como una herramienta que nos permitiese hacer frente a la crisis y sobre todo generar nuevos lugares de trabajo para personas en riesgo de exclusión social", explica Ricard Gomà, segundo teniente de alcalde de Acció Social i Ciutadanía del Ayuntamiento de Barcelona. Y, sin duda, esta política ha empezado a dar interesantes resultados. En los últimos dos años, la Ciudad condal ha dado empleo a casi 8.000 personas en riesgo de exclusión social, así como a personas con alguna discapacidad física o psíquica, jóvenes provenientes de instituciones de protección de menores, parados de larga duración de más de 45 años o perceptores de la renta mínima de inserción, entre otros colectivos.

De estos cerca de 8.000 nuevos contratos, el 44% son contratos abiertos a concurso público, mientras que el 56% restantes son contratos menores (los que no van a concurso), negociados directamente con las empresas de inserción sociolaboral. Algunos de los operadores que se han acogido a la reserva social han sido el Institut Municipal de Parcs i Jardins, con un servicio de conservación de jardinería y limpieza de siete parques de la ciudad o Barcelona de Serveis Municipals, en la gestión de cinco aparcamientos municipales.

En este mismo periodo, la inversión que la capital catalana ha hecho en políticas de contratación responsable ha ascendido a 10,9 millones de euros. Una cifra que ha superado en un 10% el umbral inicial de 10 millones de euros previsto para este tipo de contratos y que se prevé que aumente en el presente año. "A principios del 2009 nos planteamos como objetivo invertir 5 millones de euros por año en material de contratación responsable, durante los dos primeros años de duración del programa, y al final nos hemos situado un 10% por encima por sobre del objetivo. Hemos superado las expectativas más optimistas pero no sólo por la cifra de inversión asumida, sino porque hemos conseguido que la cultura de la contratación responsable, esté en el conjunto de los operadores de la contratación municipal. Y sin duda, ese es el verdadero avance que nos permitirá superar retos más ambiciosos de cara al futuro", prosigue Gomà.

Para el segundo teniente de alcalde el principal objetivo ahora pasa por situar la inversión en contratación responsable en los 6,5 millones de euros durante el ejercicio 2011, mientras que a largo plazo, espera que el 20% de la contratación menor y negociada del Ayuntamiento se pueda hacer a través del concepto de reserva social. "En el contexto empresarial barcelonés y catalán en general, todavía hay poca cultura de contratación socialmente responsable. Desde el Ayuntamiento de Barcelona debemos seguir actuando como punto de lanza para demostrar que la contratación socialmente responsable es efectiva, eficiente y posible".

En esta misma línea, y en el marco del Acuerdo Ciudadano para una Barcelona Inclusiva, en los últimos 4 años se ha puesto en marcha en la capital catalana, una red de inserción sociolaboral en la que participan los agentes sociales, los centros sindicales y las organizaciones empresariales interesadas, con el objetivo de impulsar la cultura de la contratación responsable en favor de una ciudad cohesionada. En este sentido, en febrero, Barcelona acogerá la feria de contratación responsable Barcelona Social.


Compras para la mejora medioambiental

Además de emplear a cerca de 8.000 personas en riesgo de exclusión social, las políticas de contratación responsable impartidas desde el año 2008, también han contribuido a la mejora medioambiental de los servicios del Ayuntamiento de Barcelona.

A lo largo de los dos últimos años se ha profundizado en una serie de iniciativas y acciones relativas a los procesos de compra y contratación municipal para mejorar el comportamiento ambiental y generar una cultura sostenible y responsable. "Para nosotros la contratación responsable tenía dos dimensiones: la social y la ambiental. Y en el aspecto medioambiental perseguíamos dos objetivos muy claros. En primer lugar, la compra de productos verdes que fuesen responsables con el medio ambiente, tales como material de oficina o los productos de limpieza biodegradables y, por otro lado, la ambientalización de los servicios. Es decir, contratar servicios que ayudas en al Ayuntamiento a ser sostenible y medioambientalmente responsable en temas de eficiencia energética,reciclaje de materiales, recogida selectiva de las basuras...", apunta Ricard Gomà, segundo teniente de alcalde de Acció Social i Ciutadanía del Ayuntamiento de Barcelona.

Otros aspectos que destacar han sido el uso de papel reciclado, la compra de productos de comercio justo, tales como el café que se consume en las oficinas municipales, el ahorro de agua en edificios, fuentes y jardinería, y el ahorro energético en la gestión de los ordenadores. Además, desde el 2008, a la contratación de vestuario y calzado de Parcs y Jardins y Barcelona Serveis Municipals, se han introducido cláusulas de carácter social i ambiental. En este sentido, las empresas textiles a las que se les compra la ropa deben garantizar que las piezas de ropa se han producido con materiales respetuosos con el medio ambiente y que el proceso de producción ha respetado los derechos básicos del trabajo y de la prevención de riesgos laborales.

En esta dirección, durante el 2010 el Ayuntamiento puso en marcha la campaña de sensibilización y ahorro "A l´Ajuntament com a casa", que pretende que los trabajadores municipales lleven a cabo prácticas medioambientalmente responsables como, por ejemplo, apagar la luz y el ordenador al abandonar la oficina, separar los residuos para reducir su volumen o hacer un buen uso de los materiales de oficina.

Asimismo, durante el año 2005, se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Natura para promover la iniciativa Zero CO en las actividades municipales. Un proyecto que busca dar apoyo al mecanismo de la compensación de emisiones y difundirlo al conjunto de la organización municipal. "Si bien todavía nos queda un largo camino por recorrer en materia medioambiental, en los últimos años, y sobre todo a raíz de la introducción de la reserva social, hemos dado pasos agigantados en la senda hacia la sostenibilidad. Y es que, tenemos que ser un espejo para el ciudadano", sentencia Gomà.

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