La inversión en proyectos sociales tiene retorno económico, así lo demuestra un estudio publicado por el Ajuntament de Barcelona, que indica que su inversión de 41,1 millones en atención domiciliaria tuvo un impacto de 133 millones. La cooperativa agraria La Fageda devuelve a la Administración seis euros por cada euro invertido.
Los recursos que se destinan a los servicios sociales no sólo tienen un retorno de beneficios intangibles, sino también unos beneficios perfectamente cuantificables. Un estudio del Ayuntamiento de Barcelona indica que cada euro invertido por su servicio de atención a domicilio (SAD) supone entre 2,68 y 3,13 de riqueza, a partir del coeficiente SROI (social return on investment). Eso significa que los recortes sociales, más que un ahorro, pueden llegar a tener un coste económico.
Los datos se expusieron en una jornada organizada ayer en Barcelona por ECAS, la federación de Entitats Catalanes d’Acció Social, que trabajan de manera prioritaria con colectivos en situación o riesgo de exclusión social. En esta jornada se plantearon también otros ejemplos de como las políticas sociales son rentables por los ingresos que suponen y los costes que ahorran. Así, la cooperativa agraria La Fageda de Olot devuelve a la Administración más de seis euros por cada euro invertido, lo que significa una aportación neta de 5,23 millones de euros anuales. En el caso de los centros especiales de trabajo (CET), el retorno a la sociedad es de 3,24 euros por cada euro invertido. Victor Bayarri, director de la consultora en servicios sociales Alter-Civities, afirmó que “recortar en ciertos ámbitos, como por ejemplo los CET, no sólo atenta contra derechos de las personas, sino que además es un error económico”.
El SAD de Barcelona atiende más de 20.200 usuarios y da ocupación a 2.776 trabajadores familiares. La inversión de 41,5 millones anuales puede llegar a producir hasta 133 millones si se toma como referencia el intervalo alto de retorno (3,13). De esa cantidad los principales beneficiarios son los usuarios, que se llevan 53,4 millones por su mejora de la calidad de vida. En segundo lugar, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se llevan 46,2 millones por el ahorro en gastos como consecuencia de la reducción del consumo de servicios sociales y sanitarios. La Administración del Estado se beneficia con 19,4 millones gracias a los impuestos y a la reducción de la prestación por paro. El entorno del usuario percibe unos 11 millones, ya que gracias a la presencia de un cuidador la familia tiene más oportunidades laborales y dispone de más tiempo libre. Y finalmente las tres empresas proveedoras de profesionales (Suara, ABD y Clece) perciben 3,1 millones.
En el caso del servicio de asistente personal del Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, por cada euro invertido se recuperan entre 2,71 y 3,20. Como afirmó la teniente de alcalde de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, Maite Fandos, “las políticas sociales no son aquellas que generan gasto, sino que también crean inversión económica y social”.